Salud pública policial y salud mental

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Sigue siendo objeto de alarma el número de suicidios que se registran en nuestro país; el año 2021 registró 731 casos de autoeliminación, lo que supuso atender un lamentable promedio de casi más de dos muertes por día por esta causa. El año pasado, entre los funcionarios policiales se registraron 22 suicidios; lo que muestra, a las claras, los efectos traumáticos de la exposición a situaciones de especial violencia de estos efectivos que deben asistir a cumplir las tareas que les asignan, en muchos casos sin contar con el apoyo profesional de contención psicológica debido para sortear con éxito esos impactos de tipo emocional.

Los servicios de atención médica psiquiátrica y técnica psicológica que brinda Sanidad Policial a sus funcionarios, en muchos casos, ha debido hasta impedir el uso de las armas de reglamento; siendo lenta su autorización a poder portarlas nuevamente.

La decisión de “desarmar” a un funcionario policial, luego de una Junta Médica o de una Certificación supone, además, una preocupación extra para el mismo ya que comienza a percibir un ingreso retributivo menor y le impide cumplir tareas extraordinarias que le permiten mejorar sus ingresos.

Estas situaciones que han tomado estado público afectan, sin lugar a dudas, no sólo a los implicados sino al propio servicio policial, que hace nada menos que a la seguridad ciudadana.

Pero la rehabilitación en el porte de arma de reglamento debe suponerse otorgada a quienes acrediten completa aptitud, no sólo física sino también psicológica en forma periódica; lo que garantiza el correcto cumplimiento de su tarea de prevención y la efectiva defensa de las personas y bienes de los habitantes de nuestro país.

Según ha trascendido, los funcionarios policiales muchas veces ocultan la verdadera situación que los afecta o angustia, en el cumplimiento de sus tareas.

Si a ello le sumamos sus bajas retribuciones, sus deudas personales o problemas de índole familiar en los que influirá hasta el lugar dónde viven (zonas conflictivas donde son vecinos de delincuentes que deben reprimir), nos enfrentamos a una persona que requiere un seguimiento profesional y que de no ser asistida a tiempo por especialistas, le será difícil, cuando no imposible, salir de depresiones que pueden conducirlo a la propia autoeliminación.

Ello es lo que se busca evitar de todas formas.

La implementación de talleres que apunten a lograr superar situaciones de conflicto, mantener una asistencia profesional psicológica de puerta y de emergencia las 24 horas, ayudarán, sin lugar a dudas, a mejorar estas situaciones y a prevenir los riesgos de suicidio y a superar problemas de salud mental que se adviertan entre los mismos integrantes de la fuerza.

Entendemos, no obstante y a pesar de lo expresado, que debiera tenerse en cuenta algo no menor, que lo constituye el lugar de residencia de los integrantes de la policía, para mejorar el vecindario de los mismos y de sus familias; lo que ayudará, sin lugar a dudas, a esta mejora en la calidad de vida de este especial funcionario público a quien nuestra legislación le asigna nada menos que la potestad de presentarse armado a cumplir con sus funciones.