Monopolios públicos

Ciudadano liberal | Montevideo
@|Cada vez que se discute sobre las empresas públicas uruguayas, el debate se resume en una pregunta engañosa: ¿estatales o privadas? Es una discusión que ya conocemos de memoria y que casi nunca ayuda al ciudadano.
La pregunta útil es otra: ¿quién decide, con qué controles y para qué?
Hay buenas razones para que ciertos servicios estén en manos del Estado. Una red eléctrica o de agua potable no se duplica con sentido: tener dos juegos de cables o cañerías sería un despilfarro. Ahí, un monopolio regulado se justifica. Pero ese argumento no alcanza para todo lo que hoy hacen los entes.
Algunos de ellos desarrollan actividades que no son monopolio natural ni servicio imprescindible. Por ejemplo, la producción de portland, la construcción de un estadio cubierto por una empresa de telecomunicaciones o la compra de maquinaria que luego no se usa son decisiones difíciles de explicar desde la lógica del servicio público. Y se financian, en buena medida, con lo que aportan los monopolios, es decir, con lo que pagamos todos.
Hay además un problema menos visible: cuando decisiones técnicas, como elegir una nueva fuente de agua potable quedan atrapadas en la disputa política, el costo no lo paga quien decide sino el usuario.
Conviene ser justos. Los resultados varían año a año, y algunos números negativos responden a hechos puntuales como una sequía o una obra de mantenimiento. Ni todo es ineficiencia ni todo es derroche. Pero justamente por eso importa tener indicadores claros. Sin esa vara, nadie puede distinguir una gestión buena de una mala.
La experiencia internacional muestra que el Estado puede administrar bien una empresa cuando hay directorios técnicos, metas claras, auditoría independiente y transparencia de costos. También muestra que privatizar sin un regulador fuerte solo cambia el dueño del monopolio.
Por eso, la discusión que Uruguay necesita no es ideológica. Es de diseño institucional: separar al que regula del que opera, limitar los entes a su cometido central y exigirles rendir cuentas con números públicos y comparables. Defender lo público no es defender cada decisión de cada ente. Exigir que funcione bien es la forma más seria de cuidarlo.