@|Los grupos de “izquierda”, autodenominados “progresistas”, han manifestado desde su derrota de 2019, su frontal oposición al gobierno de la Coalición Multicolor o Republicana, que legítimamente obtuviera el triunfo en la pasada contienda electoral.

Aún no aceptan haber perdido, ni menos comprenden que fue la ciudadanía la que les quitó el voto en las pasadas elecciones y les hizo probar el polvo de la derrota.

La mayoría del Cuerpo Electoral fue quien no les concedió un cuarto período de gobierno, entre otras cosas porque advirtió que las promesas que formularon cada vez que obtuvieron el gobierno (y lo tuvieron por tres lustros seguidos) fueron sólo eso: promesas que se las llevó el viento.

Porque pasada raya… el resultado fue ciertamente muy magro, pese a todo el viento de cola a su favor con que contaron, pese a tener mayorías absolutas en ambas cámaras del Poder Legislativo.

Disfrutaron de una bonanza económica sin precedentes en la historia de nuestro país y el despilfarro fue también el mayor de la historia, al punto de haber casi fundido la empresa monopólica de los combustibles que debimos capitalizar y haber dejado una secuela de negocios ruinosos para las arcas públicas, que sólo buscaron beneficiar a partidarios o promover candidaturas para perpetuarse en el poder.

Buscaron y obtuvieron el poder por el poder mismo y se olvidaron de construir el “país de primera” que habían prometido.

Fueron incapaces de lidiar contra la inseguridad pública ni redujeron realmente los índices de pobreza, ni mejoraron siquiera la educación pública, todo lo contrario.

Estuvieron quince años, en los que salvo el plan Ceibal, muy poco se rescata.

Desde antes de asumir el gobierno, la Coalición Multicolor anunció que presentaría una “Ley de Urgente Consideración” que contendría el “compromiso por el país” asumido por los cinco partidos que, coaligados obtuvieron el triunfo.

Los vaticinios de una férrea oposición a lo que consideran, una “restauración conservadora” no se hicieron esperar y desde el Pit Cnt impulsaron la recolección de firmas para lograr un referéndum derogatorio de dicha ley.

Nuevamente, todo vale para desinformar a la ciudadanía, hasta contratar a un publicista extranjero que se atreve a hacerles decir que esta Ley “no es Uruguay”, irrogándose un derecho a calificar, que no tiene.

La mentira se pone en boca de quienes se prestan para grabar los anuncios publicitarios y se dicen falsedades que la Ley no contiene: como la pretendida “privatización de la enseñanza pública”.

Sí, debemos estar atentos: son los mismos dirigentes sindicales que han conformado el brazo activo del Frente Amplio, los que complacientes, han aplaudido a Maduro y a Ortega, los que dicen que en Cuba hay democracia. Solo por razones políticas, pretenden derogar un tercio de artículos de esta norma legal que ya tiene más de un año y medio de vigencia. Son los que, al inicio de la pandemia, pedían el encierro obligatorio, a los que les molesta el concepto de “libertad responsable”, no debaten sobre el contenido de la referida ley, ni su alcance, sólo buscan frenar los avances que se han advertido por la ciudadanía.

Nuestro país merece un mejor futuro, no podemos permitirnos volver atrás.