Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|La deuda sagrada con nuestros mayores. Ni caridad, ni privilegios, ni impuestos.
Los jubilados no son una carga asistencial, ni un problema presupuestario que se descarta en las cuentas alegres de la política; son los cimientos vivos de la nación, ciudadanos que durante décadas trabajaron, ahorraron y cumplieron con su parte del contrato social. Ver a nuestros mayores mendigar una compensación justa o sobrevivir en la indigencia tras una vida de esfuerzo es la prueba más lapidaria del fracaso moral e institucional del Estado.
Pero la solución a esta herida abierta jamás puede venir de la mano de más impuestos ni de la demagogia inflacionaria; exigir un mayor esfuerzo fiscal al sector productivo o confiscar a los trabajadores de hoy para emparchar el sistema es un juego de suma cero que destruye la economía y, paradójicamente, termina pulverizando aún más los ingresos de los propios jubilados a través del impuesto inflacionario.
El Estado no genera riqueza; si recauda más, ahoga al que produce, y si emite sin respaldo, destruye el poder de compra de la moneda. La respuesta constitucional y moral que exige este sector se sostiene sobre dos pilares inquebrantables, la dignidad universal y la eliminación absoluta de los privilegios. Es insostenible e inmoral que existan regímenes de privilegio; jubilaciones de “realeza” para terroristas, exfuncionarios, legisladores o jueces amigos del poder; mientras el ciudadano de a pie que laburó cuarenta años recibe migajas.
La regla constitucional debe ser implacable, las reglas son iguales para todos. Quien aportó, cobra en justa proporción al esfuerzo de su vida; quien nunca aportó al sistema contributivo, no puede vaciar las arcas destinadas a los verdaderos aportantes.
¿De dónde debe salir el dinero para garantizar una vida digna y un haber respetable? De una administración implacable, austera y eficiente del Estado. El Estado debe dejar de ser una cueva de grasa burocrática, de militancia pagada con fondos públicos y de gastos superfluos. Cuando se recorta la política, cuando se eliminan los privilegios obscenos, cuando se desfinancia la corrupción y se achica el aparato estatal improductivo, los recursos sobran para honrar la deuda histórica con quienes construyeron el país.
Nuestros mayores no piden dádivas; exigen justicia, orden y respeto y la Constitución debe consagrarlo de una vez por todas. Un Estado que se achica en sus privilegios para engrandecer la libertad, y que administra con decencia los frutos del trabajo honesto.
Los jubilados
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