El Ciudadano | Montevideo
@|Ni caridad, ni privilegios, ni impuestos.
Los jubilados no son una carga asistencial, ni un problema presupuestario que se descarta en las cuentas alegres de la política; son los cimientos vivos de la nación, ciudadanos que durante décadas trabajaron, ahorraron y cumplieron con su parte del contrato social.
Ver a nuestros mayores mendigar una compensación justa o sobrevivir en la indigencia tras una vida de esfuerzo, es la prueba más lapidaria del fracaso moral e institucional del Estado.
Pero la solución a esta herida abierta jamás puede venir de la mano de más impuestos ni de la demagogia inflacionaria; exigir un mayor esfuerzo fiscal al sector productivo o confiscar a los trabajadores de hoy para emparchar el sistema es un juego de suma cero que destruye la economía y, paradójicamente, termina pulverizando aún más los ingresos de los propios jubilados a través del impuesto inflacionario.
El Estado no genera riqueza; si recauda más, ahoga al que produce, y si emite sin respaldo, destruye el poder de compra de la moneda.
La respuesta constitucional y moral que exige este sector se sostiene sobre dos pilares inquebrantables, la dignidad universal y la eliminación absoluta de los privilegios.
Es insostenible e inmoral que existan regímenes de privilegio; jubilaciones de “realeza” para terroristas, exfuncionarios, legisladores o jueces amigos del poder; mientras el ciudadano de a pie que laburó cuarenta años recibe migajas.
La regla constitucional debe ser implacable, las reglas son iguales para todos.
Quien aportó, cobra en justa proporción al esfuerzo de su vida; quien nunca aportó al sistema contributivo, no puede vaciar las arcas destinadas a los verdaderos aportantes. ¿De dónde debe salir el dinero para garantizar una vida digna y un haber respetable?
De una administración implacable, austera y eficiente del Estado.
El Estado debe dejar de ser una “masa” burocrática, de militancia pagada con fondos públicos y de gastos superfluos.
Cuando se recorta la política, cuando se eliminan los privilegios obscenos, cuando se desfinancia la corrupción y se achica el aparato estatal improductivo, los recursos sobran para honrar la deuda histórica con quienes construyeron el país.
Nuestros mayores no piden dádivas; exigen justicia, orden y respeto y la Constitución debe consagrarlo de una vez por todas.
Pedimos un Estado que se achique en sus privilegios para engrandecer la libertad, y que administre con decencia los frutos del trabajo honesto.
La deuda sagrada con nuestros mayores
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