@|Vivimos en democracia, con una organización estructurada en base a tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En el caso de los dos primeros, se llevan a cabo elecciones periódicas con participación obligatoria de toda la ciudadanía habilitada al efecto. Ha habido rotación en las responsabilidades entre los partidos políticos y, últimamente, entre las dos coaliciones principales.

No obstante, los sindicatos se arrogan la potestad de ser quienes deben aprobar cualquier decisión que se adopte en ámbitos públicos de los más diversos, en temáticas que no guardan ninguna relación con la negociación laboral (condiciones de trabajo, salarios, horarios, etc.). Por supuesto, no son representativos de un número importante de uruguayos y no respetan en su funcionamiento ninguna pauta de actuación democrática: elecciones por voto secreto, personería jurídica, rendición de cuentas de los fondos administrados, etc.

En este momento, adicionalmente toda la impresión que se recibe por parte de los ciudadanos del país es que se aplican políticas “de choque” y de desestabilización generadas en organizaciones internacionales de la izquierda latinoamericana, como ya se ha visto en el pasado reciente en diversos países de la región.

En Uruguay, es evidente que se está tratando de provocar reacciones violentas de las autoridades frente a los atropellos sindicales y afines que se organizan, buscando si fuera posible “un mártir”, para luego aprovechar la circunstancia para “castigar” a los gobernantes, como ya ocurrió en épocas nefastas de la vida del país.

Por ello, con todo lo que implica soportar estas actitudes indebidas, debemos aplaudir la paciencia del Gobierno para avanzar en decisiones promovidas con apoyo de los votantes en el año 2019; en particular: la reforma jubilatoria y la reforma educativa. Confiamos en que se logrará el éxito deseado.