INAU y sus recursos

Ciudadano vigilante | Montevideo
@|La información de que el INAU destinó aproximadamente $140 millones de economías presupuestales al pago de funcionarios merece, a mi juicio, una reflexión que vaya más allá de determinar si el procedimiento fue legal o si existen antecedentes de una práctica similar.

La pregunta fundamental es otra: ¿era ese el destino que mejor respondía a los objetivos y responsabilidades del Instituto?

No se trata de desconocer el derecho de los funcionarios a percibir las remuneraciones o compensaciones que correspondan, ni de afirmar que haya existido una irregularidad. Pero cuando un organismo público dispone de recursos que originalmente estaban previstos y finalmente no fueron utilizados, parece razonable preguntarse si se evaluaron otras alternativas directamente vinculadas con su cometido.

El INAU tiene bajo su responsabilidad a niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos en situaciones de particular vulnerabilidad. Existen necesidades de atención, educación, alimentación, acompañamiento familiar, infraestructura, mantenimiento y equipamiento que forman parte de sus responsabilidades permanentes. Se habla de la pobreza infantil como uno de los más graves problemas del país.

En ese contexto, ¿no hubiera sido conveniente analizar si esos $140 millones podían destinarse, total o parcialmente, a fortalecer alguno de esos objetivos?

La cuestión resulta todavía más relevante si, como se ha informado, las economías se originaron en buena medida en cargos que permanecieron vacantes. Si existen necesidades de personal y otros requerimientos que el organismo debe atender, resulta legítimo preguntarse por qué esos recursos deben necesariamente transformarse en una remuneración extraordinaria y no contribuir a resolver alguna de esas necesidades.

Que una determinada utilización de los recursos sea legalmente posible no significa necesariamente que sea la más conveniente desde el punto de vista del interés general.

En la administración pública, la legalidad debería ser el punto de partida, no el punto final. También deben considerarse la eficiencia, la oportunidad y la correspondencia entre el gasto realizado y los objetivos del organismo.

Por eso, sería importante que las autoridades explicaran qué alternativas fueron consideradas antes de disponer de esos $140 millones y por qué se entendió que la elegida era la que mejor contribuía al cumplimiento de los fines del INAU.