Es justicia

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Dignidad para nuestros mayores y fin de los privilegios políticos.

Hablar de jubilaciones y pensiones en el Uruguay de hoy no es meramente un debate sobre balances fiscales o planillas de cálculo; es una cuestión elemental de derechos humanos y de dignidad humana. Quienes construyeron este país con décadas de esfuerzo silencioso y trabajo constante no pueden, ni deben, enfrentar el otoño de sus vidas condenados a la incertidumbre y a la precariedad.

El sistema actual exige un giro copernicano en sus prioridades.

Una jubilación o pensión mínima debe garantizar una vida verdaderamente digna, lo que significa mucho más que cubrir apenas la supervivencia, para lograrlo, es imperativo implementar medidas de alivio profundo:

- Exoneración total del IVA en todas las compras de productos básicos y medicamentos.

- Eliminación de cargas tributarias que hoy erosionan los ingresos de los pasivos.

- Atención integral de salud absolutamente gratuita y de calidad, sin listas de espera interminables ni trámites burocráticos humillantes.

¿De dónde deben surgir los recursos para financiar esta urgencia social?

La respuesta apunta directamente al corazón del Estado y a quienes lo administran; es hora de trasladar un mensaje frontal y sin ambigüedades a los políticos, es su deber inexcusable adecuar el gasto público hacia un ahorro real y eficiente.

Y el primer paso de ese ajuste no debe recaer jamás sobre los sectores más vulnerables, sino sobre las altas esferas del poder.

Se necesita, de manera urgente, un impuesto contundente y severo a los muy grandes y voluminosos privilegios de los políticos.

No es moralmente admisible exigir austeridad a la ciudadanía y a los pasivos mientras se sostienen prebendas, compensaciones desmedidas y gastos superfluos en las estructuras del Estado.

Ajustar el cinturón de la clase política antes que el de los jubilados no solo es una decisión económica sensata, sino una obligación ética inapelable.

La democracia uruguaya tiene una deuda histórica y pendiente con sus mayores.

Saldarla no es un acto de caridad ni una promesa electoral vacía: es, sencillamente, justicia.

¿Cree que la sociedad civil uruguaya debería articular un movimiento nacional para exigir por vía legislativa o constitucional estas exenciones fiscales a los jubilados y el recorte de los privilegios políticos?