Desayuno Forestal 2026

Ing. Rosario Pou Ferrari | Montevideo
@|Decisiones de hoy marcan el futuro.

El pasado 1º de septiembre, la Sociedad de Productores Forestales realizó una nueva edición de su tradicional Desayuno Forestal, una instancia que volvió a reunir a referentes empresariales, autoridades públicas y actores vinculados al desarrollo del sector.

La jornada se destacó por su nivel de organización, convocatoria y contenido. En un contexto de transformaciones productivas y mercados internacionales cambiantes, la actividad puso el foco en los desafíos de una cadena que se consolidó como uno de los motores económicos y sociales del país, con inversiones de largo plazo y una planificación que exige mirar varias décadas hacia adelante.

Uno de los ejes centrales fue el reto planteado en 2025 por el secretario de la Presidencia: aumentar la superficie forestada en 500.000 hectáreas. La meta, recibida entonces con amplio respaldo por el sector, volvió a estar presente como punto de partida para discutir oportunidades, restricciones y condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.

En ese marco, la presentación del Ing. Francisco Bonino aportó una lectura precisa sobre las oportunidades y los frenos que enfrenta un nuevo inversor forestal. El diagnóstico recordó que, en menos de 40 años, Uruguay logró ordenar un plan de desarrollo forestal que inicialmente implicaba riesgos significativos, especialmente para quienes comenzaron a plantar siguiendo lineamientos generales sobre especies y zonas sin tener certeza sobre el destino final de su producción.

También participaron autoridades del Ministerio de Ambiente, de la Dirección General Forestal y de la Dirección Nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. En sus intervenciones, señalaron la necesidad de coordinar acciones para que los trámites, criterios administrativos y eventuales obstáculos burocráticos no se conviertan en una barrera para ampliar el área forestada.

Sin embargo, la expansión del sector no depende únicamente de acelerar la aprobación de proyectos o de homogeneizar criterios entre el gobierno central y las intendencias. Para que el crecimiento sea viable y sostenido, resulta imprescindible que el Estado defina la forestación como una prioridad de política pública.

Esa señal debería incluir, entre otras medidas, el fortalecimiento institucional de la Dirección General Forestal, órgano que la Ley 15.939 establece como ejecutor de la política forestal.

El mensaje que dejó la jornada fue claro: si Uruguay aspira a sumar nuevas hectáreas forestadas, necesita una definición explícita del Estado. No alcanza con remover trabas administrativas; también es necesario establecer objetivos, identificar zonas y suelos aptos, coordinar la evaluación ambiental y ordenar las responsabilidades institucionales.

Y que quede claro que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el encargado de desarrollar la Política Forestal.

Solo así el país podrá transformar una meta ambiciosa en una política forestal efectiva, capaz de sostener nuevas inversiones y proyectar el desarrollo del sector hacia el futuro.