Castillo Morató

Alfredo Morató, Antonio Morató | Montevideo
@|Sr. Director del Diario El País:
En su edición del sábado 21 de enero, se recogieron declaraciones del Director General de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en relación a la construcción de 23 torres de alta tensión de 48 metros de altura y 20 de ancho, equivalente a un edificio de 20 pisos (similar al edificio Panamericano de Montevideo) en el Monumento Histórico Nacional, “Estancia Buen Retiro – Castillo Morató”.

Las obras fueron autorizadas por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, a pesar de que la resolución del Ministro de Educación y Cultura declaró Monumento Histórico Nacional el inmueble rural en toda su extensión, considerando su valor como Patrimonio Cultural Nacional, valoración que tiene rango Constitucional.

La mayoría de los uruguayos apoyamos al actual Director General de la Comisión del Patrimonio, cuando a título personal inició una acción de amparo, para tratar de impedir – sin suerte - la demolición del Hotel San Rafael. Se trataba de una construcción de 1945 que no era Monumento Histórico Nacional, pero como acertadamente sostuvo, se trataba de un edificio icónico de Punta del Este que merecía ser preservado.

Nos preocupa la instalación en un Monumento Histórico Nacional de torres metálicas de alta tensión, las más grandes que se han instalado en Uruguay. El bien inmueble rural, cuenta con cercos jesuíticos de una antigüedad anterior al siglo XIX que serán afectados, un castillo de 1904, el paisaje y su valor arqueológico. El Estado, al reconocerlo, tiene el deber de preservarlo.

Desde hace tiempo, venimos solicitando -sin suerte- que la Comisión del Patrimonio designe el delegado – de profesión arqueólogo - que conforme a lo dispuesto por el decreto de 536/72, debe instalarse en forma permanente en el lugar de ejecución de las obras y controlar que las mismas no causen un daño irreparable al patrimonio arqueológico. Sin embargo, se infiere de la declaración realizada al diario El País, que la CPCN no va a controlar las obras, con un argumento que nos preocupa.

Transcribimos a continuación parcialmente la nota antes referida:

“Uno de los reclamos de la carta abierta de los Morató es que pidieron a la Comisión del Patrimonio que “se designe conforme dispone el decreto 536/72 un delegado en la obra que diariamente controle que no se causen daños al patrimonio arqueológico de la nación”. Ante esto, Rey dijo que el procedimiento no se realiza de esa manera y que, si así fuera, necesitaría tener un “equipo de 150 arqueólogos”.

No se puede justificar el incumplimiento de una obligación de rango Constitucional, en la falta de recursos humanos. Y menos aún, con una excusa errónea, ya que no se designa el delegado del Estado para controlar las obras, para no entorpecer y enlentecer el trabajo de la empresa de origen china que está destruyendo indiscriminadamente un patrimonio de la nación.

Incluso el BID contrató una arqueóloga de reconocida trayectoria internacional que viajó especialmente a Uruguay para analizar el predio, concluyendo que durante las fases de construcción de las obras “cualquier interferencia física en la tierra puede causar movilización y/o destrucción de posibles restos y estructuras arqueológicas existentes en la superficie, en el interior de suelos y sedimentos…”.

La misma profesional, aconsejó al BID y a la UTE reubicar las torres, hacia el este a más de 500 metros de los cercos de piedra misioneros, lo que fue ignorado.

Finalmente, en su informe, recomendó la prospección arqueológica sistemática, en el área de implantación de la línea y, en caso de identificar hallazgos de valor, realizar un rescate arqueológico. Esto también fue ignorado de igual forma, al punto que la CPCN se niega a designar un delegado para controlar los trabajos que realiza una empresa extranjera en el patrimonio cultural de la nación.

Para concluir, el Director General de la CPCN ha manifestado en diversos medios de comunicación, que la justicia se ha expedido sobre la legalidad de las obras que se están realizando a lo largo del sitio patrimonial, lo cual es inexacto.