Un golpe de Estado técnico

Washington Beltrán Storace

Con todo respeto, se equivoca el Presidente Mujica cuando dice que hubo "ingenuidad" en el manejo del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad por parte de la mayoría del Frente Amplio. Lo que sí hubo fue un intento de golpe de Estado técnico, como muy bien lo calificó el senador Jorge Saravia. ¿O acaso hay que recurrir a inocentes eufemismos para describir la conducta de aquellos que quisieron imponer su voluntad por encima de la expresada dos veces, en forma directa y a través del voto, por los ciudadanos de este país convocados, justamente, por quienes ahora los desprecian?

Eso no es ingenuidad. Y lo peor es que estuvo cerca de concretarse por las gestiones de un integrante del Poder Ejecutivo, el canciller Luis Almagro, por lo que se debe suponer que el señor Presidente no estuvo ajeno a ello. Muy atrás debe haber quedado su idea de una inllevable prisión domiciliaria para los mayores de 70 años acusados de delitos de lesa humanidad.

En un régimen de derecho como el consagrado por la Constitución de la República, las leyes no se anulan, sino que se derogan si se consideran inconvenientes o inconstitucionales. La anulación o la declaración por el Parlamento de que una ley es inconstitucional son mamarrachos jurídicos impulsados por gente que no cree en el Derecho ni en el Estado de Derecho. No está en las competencias del Poder Legislativo e invade competencias reservadas -por la Constitución- al Poder Judicial, único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Eso no es ingenuidad. Un golpe de Estado no se combate con un "golpecito" de Estado.

El FA hace seis años que asumió el gobierno. Se manejó siempre con mayorías parlamentarias que le permitieron llevar adelante sus iniciativas sin necesidad de engorrosas negociaciones con la oposición. Si la Ley sigue existiendo, es simplemente por capricho del Frente Amplio, es el Frente Amplio quien la mantiene vigente. Es más, incluso legisladores nacionalistas han propuesto su derogación, con el respaldo del fallo de la Suprema Corte que cambió su criterio y declaró la inconstitucionalidad. Así el panorama quedaba cerrado y resuelto: por decisión legislativa, la ley no produciría más efectos para el futuro; por decisión judicial, la ley no produce efectos para el pasado. Y la Constitución -ese conjunto de normas aprobado por el soberano para regir el país- quedaría incólume. Si faltaba algo, la SCJ reiteró hace pocos días la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y habilitó la investigación de 20 homicidios registrados entre 1973 y 1976. La Justicia se aplica sin recurrir a payasadas jurídicas.

Pero no, la soberbia y el mesianismo absurdo llevaron a la fuerza política del señor Presidente a querer sustituir la voluntad de los ciudadanos, expresada por dos veces en 20 años. Para ellos, el pueblo se equivocó -en 1989 y en el 2009- y entonces se autodesignan para corregir su error, con el argumento de que en realidad no apoyaron lo que apoyaron.

Afortunadamente, hubo gente dentro de esa fuerza política que tiene conceptos más claros sobre lo que es la democracia y el valor de los pronunciamientos populares. Jorge Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Fernández Huidobro -por citar a los tres que pensaban de esa manera y estaban dispuestos a jugársela (otros, como Pilatos, pensaban igual pero preferían hacer "molde")- trancaron el disparate y privilegiaron, como corresponde, las decisiones ciudadanas.

Saravia, que fue el que asumió mayor protagonismo en este episodio, tiene pendiente sobre su cabeza ahora la espada de un juicio por el Tribunal de Ética del Frente Amplio. Lo que no queda claro es cuál será el cargo. ¿Acaso defender la voluntad soberana del pueblo en elegir su destino? Flaco favor le hacen a la democracia. Este no es un tema que hace a la "gobernabilidad", sino un asunto interno de la fuerza política. Más vale que sigan el consejo del Presidente Mujica, dejen de lado la idea de aplicar sanciones disciplinarias (que serían un papelón) y se concentren en la tarea de gobierno, que bastante movida viene con el tema del Presupuesto.

En cuanto a eventuales sanciones de organismos internacionales, sería bueno explicarles que hay un principio que rige pacíficamente la vida de los pueblos y es el de autodeterminación y que esta ley fue la que los uruguayos eligieron para reencauzar su camino hacia la democracia. Y, por si hiciera falta, qué pocas leyes han alcanzado mayor legitimidad que ésta: aprobada por el Parlamento tuvo luego dos instancias de consulta popular; una con los hechos muy frescos en 1989 y la otra el año pasado con el mismo resultado.

Esos organismos, ¿van a decir que debemos repudiar esos pronunciamientos?