Tesoro de las Masilotti

Llamando a una imagen vinculada a una cosa que se quiere encontrar y no aparece espontáneamente me vino “el tesoro de las Masilotti”. Un asunto de los años 50 del siglo pasado. Dos hermanas contaban con datos sobre la existencia de un tesoro en el Cementerio Central. Se sucedieron actividades con escándalo público y el tesoro… nunca apareció. Algo así está pasando con el expediente vinculado a la compra de dos “OPVs” (“Offshore Patrol Vessels”, en español: “Buques de Patrulla Oceánica”). Trata de un expediente atesorado en la Torre Ejecutiva del país, al cual nadie ajeno puede ver.

No es peccata minuta. Y, se aviva ante la entusiasta actuación de un extendido periodismo que en unos casos formalmente y en otros informalmente es frenteamplista. Que da por bueno lo que sus simpatías le sugieren. Y que, cuando a un entrevistado discrepa con su criterio, le repreguntan reiterando en la inquisición las razones por las cuales debe entenderse la posición oficialista es la correcta.

Hace poco el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó un fallo inapelable ante una acción de anulación de dos decretos dictados durante la presidencia del Dr. Lacalle Pou, interpuesta por el consorcio internacional Montecon S.A. Estos actos -ahora confirmados- reafirmaron que Terminal Cuenca del Plata S.A., un consorcio integrado por la firma belga Katoen Natie y el estado uruguayo- es la legítima concesionaria de la gestión del único muelle de contenedores natural existente en el Puerto de Montevideo. Deberá hacer una inversión modernizadora monumental, y la concesión tendrá un plazo adecuado para que pueda lograr el retorno de la misma. El Frente Amplio que armó por años un circo mediático para que cayese la citada inversión es el mismo que hoy deja a la Nación sin custodia militar de sus 205.688 km2 de espacio marítimo. Sin patrulla permanecerán como ahora librados a intrusos indeseables, empezando por el narcotráfico. Son temas distintos. Pero… lo que se repite es la intención de barricada.

Para empezar a ver donde está la razón en el caso de los buques, debe consultarse a nuestro actual “tesoro de las Masilotti”. Así se podrán estudiar cabalmente las actuaciones. Hay un tema eminentemente jurídico, que exige especialización. Y, nuestra soberanía nacional le vincula políticamente a todos los uruguayos.

En la compra de las patrullas marítimas -por lo último- el entonces Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García, convocó a todos los partidos políticos para encarar el tema en nombre del bien común nacional. El Frente Amplio se borró. Durante el actual gobierno “progresista” continuaron con la ejecución del contrato de compra celebrado (2023). Hasta que el prosecretario de Presidencia -Dr. Díaz- anunció en TV una denuncia penal, por ignotas razones. Hizo hablar incluso al Presidente Orsi, cuya versación -se descuenta- no es de maravillas. Y, todo -a lo que suma la rescisión reciente del acuerdo, tiene derivaciones imprevisibles, da apoyo a una demanda internacional contra el país y desprestigia su imagen.

No cabe justificación para evitar un diálogo nacional y buscar soluciones a la continuidad del contrato. Como pasa en la vida práctica con controversias así todos los días. Ya fuese una nueva garantía u otra cosa. Obviamente, para esto se precisa sentido nacional. Y… abogados de fuste (en vez de operadores políticos).