Se inició una nueva administración en nuestro país que encarará sus múltiples responsabilidades según sus planes de gobierno y rumbos trazados a seguir.

En materia ambiental los desafíos siempre son muy grandes y largoplacistas. Razón por la cual es muy importante continuar con las políticas que han funcionado bien, rectificar aquellas que demostraron falencias, e implementar otras nuevas que se consideren necesarias para elevar el bienestar de la sociedad y mejorar la conservación nacional.

A nuestro juicio sobresale una de las prioridades.

Se trata del cuidado de la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas. En este recurso natural se sustenta casi todo: la salud, la alimentación, la producción. A pesar de su importancia es lamentable comprobar que la gran mayoría de los cursos de agua asociados a ciudades y pueblos padecen grados importantes de contaminación, provocados por el mal comportamiento de los vecinos.

¿Esta situación se puede revertir? Desde luego que sí. Se necesitan campañas firmes y permanentes de concienciación social en las cuales se ponga el énfasis en el beneficio directo que cada persona recibe, si se cuida la salud ambiental de las cañadas, arroyos, ríos y lagunas. A ello hay que sumarle disponer de un sistema de controles permanentes bien realizados -es obvio, pero hay que decirlo- que garantice el correcto cuidado del recurso, y que vaya acompañado de la aplicación de las sanciones establecidas por el marco legal, cada vez que corresponda.

Y desde luego que se diseñe y lleve adelante una política de aguas proactiva y global, que concentre de la mejor manera posible los recursos humanos y económicos disponibles en donde más se los necesita.

En las grandes ciudades como Montevideo es evidente que subsiste un gravísimo problema sanitario y social, vinculado a los asentamientos irregulares localizados sobre las orillas de cursos de agua -que están todos en muy mal estado. A su problemática diaria hay que agregarle los reiterados episodios anuales de desbordes de sus pestilentes aguas, porque impactan severamente sobre la calidad de vida y la salud de sus moradores.

En cada barrio capitalino vinculado a ellos se conocen bien las características de sus problemas crónicos, así como la magnitud esperable de las crecidas y, desde luego, cuáles son las soluciones a llevar a cabo. A pesar de ellos todo sigue igual, esperando que algún día esas realidades cambien para bien.

No es de recibo la excusa de que se dispone de recursos económicos insuficientes, por la simple razón de que es imperioso enfocarnos, de una vez por todas, en solucionar problemas sociales, económicos y sanitarios graves para centenares de familias de compatriotas.

Exigen darle una prioridad que por ahora sigue postergada.

Uno de los puntos de partida es efectivizar un correcto y efectivo ordenamiento territorial departamental, basado en una planificación hecha con profesionalidad, respetando la relación entre la urbanización, el uso suelo y los cursos de agua.

El crecimiento descontrolado siempre ha sido el peor camino si se aspira a mejorar la calidad de vida de la gente.

Lo cierto es que el comienzo de una nueva administración nacional y departamental siempre renueva las esperanzas de que mejore el bienestar de la gente, en especial de los más afectados.