Sequía de música

Parece que la amenaza de Spotify de abandonar el país se apaga y el gobierno está arribando a una solución legal. El empeño puesto en el tema es un reflejo claro del impacto que tuvo en la opinión pública. Hay gente que ha sido impermeable a las sonoras crisis políticas recientes, pero que clama contra la eventual fuga de una plataforma de música como si fuera una tragedia nacional. Coincide con ese vasto sector escasamente politizado que es quien, paradójicamente, siempre termina definiendo las elecciones con su cesta-ballesta de unos días antes.

La seudocrisis por Spotify deja algunas enseñanzas. La principal es comprobar el extraordinario poder de negociación que tienen las plataformas multinacionales, en su capacidad de pasar por encima incluso de las legislaciones locales.

También yo recibí hace una semana el mail irónicamente cortés con que la empresa sueca anunciaba que se iría con la música a otra parte. Es interesante: ellos no son la música, no crean los contenidos que la gente necesita como al aire. Son simplemente un vehículo, un soporte, un intermediario global. Para el cliente, una vía rápida de acceso a reproducciones musicales de cualquier época y país. Con ese poder, imponen sus reglas y privilegian su negocio por encima de las regalías que merecen los verdaderos creadores e intérpretes de los contenidos que ellos se limitan a distribuir.

A mi edad, puedo decir que vi la película completa: discos de pasta, de vinilo, casetes, CDs, mp3... Luego, la era de la rapiña: esas plataformas clandestinas como Ares y Torrent con que bajabas gratis canciones y películas, pero te llenaban las computadoras de virus. Una vez, hace como 20 años, escribí en Montevideo Portal a favor de una ley estadounidense llamada S.O.P.A., que se había votado para eliminar la piratería. Con sus comentarios al pie, los lectores literalmente me apalearon. Querían todo gratis, como si no mereciera retribución el talento de los autores ni la inversión de sus productores. Era lo que pasaba con la cultura: cualquiera se creía con derecho a bajar gratis una canción de Serrat, pero a nadie se le ocurría entrar a una verdulería y llevarse un kilo de papas sin pagarlas.

Plataformas como Netflix y Spotify aparecieron entonces como una solución transaccional: con base en su alcance global, generaron economía de escala para abaratar a niveles ínfimos el acceso a los productos culturales y todos contentos. O casi todos.

En el caso específico de Spotify, muchos músicos de por acá se entusiasmaron de entrada con la oportunidad de una promoción internacional, sin advertir -hasta la encomiable iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) incorporada a la última rendición de cuentas- que otros están lucrando con su producto creativo.

En su cartita de despedida, Spotify dice que cede a las discográficas “el 70% de cada dólar” que recauda. Habría que cuantificar entonces esas transferencias y qué hacen las empresas fonográficas con ellas, cuánto va para los autores (los músicos compatriotas con quienes he hablado no tienen la menor idea) y por qué no están contemplados también los intérpretes. Estos son el eslabón más débil de la cadena: integran la banda que graba un tema a cambio de un comprensiblemente limitado pago por sesión de trabajo y después, cuando la canción se convierte en un hit, se los aparta con la escoba.

Si es como lo cuenta Spotify, así y todo hay que reconocerle una mayor generosidad que la que ostentan otras plataformas en las que se inspiró.

Porque redes como Google, Meta y X, por ejemplo, comparten a sus fieles los contenidos redactados por empresas periodísticas como esta para la que estoy escribiendo, sin pagarles ni un peso de lo que facturan por la publicidad que mechan en sus clics.

Hace unos meses, este diario organizó una mesa redonda sobre la viabilidad de la actividad periodística en América Latina y algunos datos allí recabados fueron inquietantes.

Martín Etchevers, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) explicó que Google factura US$ 25.000 millones por publicidad, pero solo destina US$ 300 millones a su proyecto “Showcase”, por el cual -solo en algunos países- la plataforma retribuye a los medios periodísticos por los contenidos que utiliza. Moraleja: si querés ganar plata, no te metas en el lío de asalariar periodistas. Mejor inventá una red social que venda publicidad usando gratis lo que otros escriben.

Hay países que han puesto freno a esta gran estafa, como Australia y Nueva Zelanda. Canadá acaba de aprobar una ley que comprometerá a Google a pagar a los medios US$ 100 millones al año, por compartir sus noticias.

Pero el nuestro es un mercado chico y cuando le decís a una plataforma global “aflojame un cambio”, no duda en borrarnos del mapa. Así, de paso, nos usa como castigo ejemplarizante para otras naciones que quieran cometer el pecado de defender el derecho de los intérpretes.