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Ruidos sobre Fiscalía

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El bochornoso clima actual, suele definirse como de tormentas secas, duplican lo malo y esfuman lo ansiado. Aumentan los relámpagos sin el alivio del goteo salvador, el que moja sin agredir. Para los humanos, todo deviene molesto, sin nadie a quien acusar. El ahogo trasciende al clima, se vuelve existencial y se instala en áreas de la política diaria donde las dificultades para el funcionamiento del estado, alterado en sus mecanismos coordinadores, acusa falta grave de fluidos. Chillidos por carencia de lubricantes.

En correspondencia, los fiscales Fernando Romano y Gabriela Fossati protagonizan en la mismísima fiscalía una discusión a los gritos sobre sus respectivas actuaciones y competencias, precedida por una denunciada llamada de Fossati, plena de insultos a su colega. El incidente, con encierro de la fiscal incluido concluyó, con otra denuncia a Romano por violencia de género.

Como es sabido, Romano había sustituido a su colega durante su breve licencia y había participado, sin pronunciarse, en una audiencia relacionada con la eventual culpabilidad de Leal por su encuentro con el padre de Astesiano.

Todo ello sazonado por la insólita frecuencia con que Fossati, efectuó a destiempo, declaraciones en distintos medios sobre la marcha del proceso y sus presuntas trabas.

A su vez, en ese marco, tan ajeno al derecho, Leal y sus abogados denunciaron a la fiscal Fossati, por no informar durante casi un mes, pese a haberla manifestado, sobre los fundamentos de la eventual regularización a Leal.

Estos hechos, de tira cómica, resultan lamentables y en su conjunto señalan la decadencia de una joven institución que por su importancia entre las competencias estatales no merece estos avatares.

No es digno de un fiscal, en tanto rompe el decoro y la reserva procesal, que se prodigue en declaraciones directa o indirectamente relacionadas con su trabajo investigativo, como las que Fossati efectuó en distintas ocasiones. Mucho menos que efectué críticas genéricas a la Fiscalía donde se desempeña, o a diferentes instituciones desde la Presidencia al Ministerio del Interior.

Pese a que los fiscales no ejercen competencias jurisdiccionales ni integran el Poder Judicial, la relevancia de su función radica en que son el brazo denunciante del estado respecto a eventuales delitos de sus ciudadanos. Tanto que el Juez de la causa deberá expedirse obligatoriamente sobre la requisitoria fiscal y aceptar sus acuerdos.

Menos aún, los fiscales tienen la discrecionalidad de efectuar, durante su trabajo, actos o manifestaciones que puedan implicar imputar a un indagado sin que “se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución de la República y las leyes” (Art 64 CPP).

Todo ello desde que sus competencias pueden limitar los derechos y la seguridad de los ciudadanos, sometiéndolos, como aquí ocurrió, a la angustia de un futuro proceso, del que nada conoce con precisión. Salvo la irresponsabilidad de sus magistrados. Tal como le ocurría al desarbolado personaje de Kafka en “El Proceso”.

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