Las consignas ordenan identidades; los resultados evalúan gobiernos. En economía, esa diferencia es decisiva. Cuando el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, afirmó que el gobierno está implementando “una política económica de izquierda”, no hizo una afirmación técnica. Hizo una definición identitaria.No sirve para evaluar una política pública. La economía no distingue credenciales ideológicas: distingue resultados.
Desde un punto de vista técnico, no existen políticas económicas “de izquierda” o “de derecha” en sí mismas. Existen políticas eficaces o ineficaces, sostenibles o insostenibles, bien diseñadas o mal diseñadas. El problema no es que la ideología exista, sino cuando deja de ser un marco normativo y pasa a ocupar el lugar de la evidencia.
Asumamos que la afirmación de Vallcorba no pretendía ser técnica, sino política. Aun así, conviene contrastar esa definición con resultados.
El debate público vuelve a refugiarse en una consigna tranquilizadora: más presupuesto. El aumento del gasto aparece como sustituto del debate sobre resultados. Durante la discusión presupuestal se generaron expectativas de incrementos significativos. Sin embargo, al comparar lo asignado con la línea de base, los aumentos reales son moderados y no implican un cambio estructural. No hay un rediseño del gasto educativo ni una estrategia explícita orientada a mejorar aprendizajes.
Uruguay ya destina recursos relevantes a la educación. Aun así, los resultados permanecen estancados y profundamente desiguales. La evidencia internacional es clara: el dinero importa, pero no es la variable decisiva. Lo son la calidad docente, la gobernanza del sistema, currículos exigentes y pertinentes, evaluación sistemática, capacidad de corregir a tiempo y apoyo temprano a los estudiantes rezagados. Nada de eso aparece con nitidez en el enfoque presupuestal.
El Presupuesto refuerza transferencias y amplía programas sociales. Eso reduce la pobreza medida por ingresos. Pero también tiene un límite evidente. Cuando la política social se concentra en contener y no en transformar, termina gestionando exclusión.
El entramado de programas sigue siendo amplio, superpuesto y poco evaluado. Las transferencias monetarias responden a prioridades explícitas en materia de infancia y vulnerabilidad social. No son neutras. Pero presentarlas como prueba de una política “de izquierda”, confunde objetivos políticos con desempeño real. Reducir pobreza por ingresos no es lo mismo que generar movilidad social. Y la diferencia no es ideológica: es técnica.
La política fiscal es el terreno donde la ideología se vuelve más riesgosa. La disciplina fiscal no es austeridad moral ni dogma liberal: es responsabilidad intergeneracional. Se protege el gasto por su origen político, no por su impacto. Se discute poco la calidad, pertinencia y efectividad del gasto. El resultado es un Estado cada vez más costoso, pero no necesariamente más capaz.
El error conceptual que atraviesa estas tres áreas es el mismo: creer que el conflicto central es izquierda versus derecha. No lo es. El verdadero conflicto es entre políticas evaluadas y políticas blindadas por consignas. Un presupuesto no se juzga por lo que proclama, sino por lo que produce. Cuando la ideología se vuelve impermeable a los resultados, deja de orientar. Empieza a encubrir.