Resentimiento y justicia

Hay iniciativas que están llenas de buenas intenciones pero que terminan siendo un fracaso. La cuota de 8% del total de ingresos al Estado en favor de los afrodescendientes es un claro ejemplo. En efecto, esa cifra surge del Censo de 2011, cuando unas 255.000 personas se declararon afrodescendientes. Así, la ley de 2013 razonó que, si el 8% del total tenía esa característica, ese mismo porcentaje debía de reflejarse en el total de ingresos a la función pública. Sin embargo, a diez años de aprobada, no queda claro que se haya podido cumplir con esa cifra.

Hay algunas razones que explican ese fracaso. Por un lado, el mecanismo elegido es el de cuotas raciales extendido en Estados Unidos (EEUU): se trata de una muestra más de la globalización del modelo anglosajón diseminado en todo Occidente por varios actores internacionales. Convencido de la universalidad de sus propuestas, es un modelo que dispone de un martillo y cree que todos los problemas son clavos. Y el que atisbe a sugerir un matiz de diagnóstico, o se oponga con argumentos a la pertinencia de sus soluciones, se expone al ataque furioso y fanático tan propio de cierto talante protestante siempre presto a multiplicar las horcas de Salem.

Aquí ese mecanismo falla porque no existe la historia de racismo y exclusión propia de EEUU: aquí somos republicanos y creemos en la igualdad ciudadana, y por tanto no está en nuestro ADN identitario pretender obtener una ventaja por negro o por indio, por ejemplo. “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, dice nuestra Constitución desde siempre. Y está bien que así sea.

Por otro lado, como no hay un criterio claro para definir al afrodescendiente, ya que se prevé una valoración subjetiva y personal de “autopercepción”, en realidad lo que seguramente ocurrió en todos estos años es que deben haber ingresado afrodescendientes sí, pero que no figuraron estadísticamente como tales, en dependencias estatales de Artigas, Rivera o Cerro Largo, por ejemplo, es decir allí en donde la proporción de población de ese origen es mayor a la del resto del país. Porque, maravillas de las complejidades de la realidad, el 8% en cuestión no está repartido de igual modo en todo el territorio nacional; y porque una autopercepción de ninguna manera puede fijar un criterio de ingreso por cuota racial al Estado, ni permitir una certera estadística de lo realmente ocurrido.

Más grave: ¿qué pasa si alguien con un solo tatarabuelo negro (en 16 que tocan en suerte) se autopercibe como negro a pesar de que su aspecto no sea muy morocho, y por ello termina siendo privilegiado en un concurso de ingresos al Estado, desplazando así a un tataranieto de españoles e italianos (16 en 16, todos blancos), que es tan uruguayo y de condición social tan igualmente sacrificada y menesterosa como aquel autopercibido negro? No faltará el argumento guarango, pero muy de moda, que responda: “mala suerte, es el precio a pagar por el racismo sistémico que siempre perjudicó a los negros”.

Basta de tonterías. Hay que volver a nuestros valores de siempre y dejar de lado estas concepciones importadas y racistas: le hacen mucho mal a la Patria con su resentimiento disfrazado de justicia.