Representación popular

Dejando de lado el espinoso asunto de la definición del concepto de sociedad civil, un tema que ha inquietado a sociólogos y politólogos, no cabe duda, que a efectos de recabar información sobre la misma y capturar sus aspiraciones, toda comunidad nacional puede dividirse en sociedad política y civil. La primera comprende a la totalidad de sus integrantes en lo que refiere a su actividad pública, y se expresa masivamente a través de los partidos políticos; la segunda comprende a sus integrantes en lo atinente a su actividad privada y eventualmente en sus ocupaciones económicas. Esta división, si bien tiene complejidades y ambigüedades, deja en claro que las diversas organizaciones de la sociedad civil no son per se representativas de la misma.

A lo sumo expresan algunas de sus muchas actividades e intereses, pero en ningún caso abarcan su totalidad. Aún si se lograra que todas sus organizaciones y grupos estuvieran presentes en un diálogo social extenso, muchos de los ciudadanos seguirían estando ajenos al mismo. Esta característica, no siempre bien comprendida, señala claramente su ya señalada diferencia con los partidos políticos, el conjunto de los cuales, salvo pequeñas minorías refractarias, expresan normalmente el sentir global de una sociedad.

Valga esta distinción para aclarar porqué el llamado a un diálogo social reclamado por el actual gobierno para auscultar el sentir ciudadano sobre seguridad social, cuidados y lucha contra la pobreza infantil, no merece la relevancia institucional que, acumulando palabras, se pretende otorgarle. Nadie duda que el diálogo es un instrumento para la obtención de consensos fundamentales para la valorización de normas, creencia, decisiones y políticas sociales. En ese sentido se han desarrollado las teorías sobre democracia participativa, fundada en la directa intervención popular y en un escalón teóricamente superior, se distingue la democracia comunicativa, promovida por Jurgen Habermas, basada en instituciones que, sin desconocer las tradicionales, promuevan el diálogo y la comunicación como la vía adecuada para legitimar las decisiones -particularmente las que tienen contenidos morales,- en una democracia.

No es esto sin embargo, lo que auspicia la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social creada por el Decreto 86/2025, para averiguar las aspiraciones de los uruguayos y residentes en materia de cuidados, protección infantil y mejoras en la seguridad social. En primer lugar porque la seguridad social nacional ha sido definida por una ley ratificada por la mayoría absoluta de la ciudadanía en un referéndum realizado a los efectos. Pretender modificarla mediante seudo representaciones de la sociedad civil, tal como se publicita, es tanto como desconocer la Constitución de la República.

En segundo lugar y reiterando lo ya dicho, porque no es igual la representatividad social de la Federación de “Ollas Populares de Casupá” que el Partido Colorado, el Nacional o el Independiente. Pretender colocar unos y otros en una misma institución o comité para luego evaluar de manera paritiria su opinión sobre cualquier tema, es desconocer las bases mismas de la democracia y se parece demasiado al corporativismo fascista. Una experiencia que no deberíamos emular. Mención aparte, francamente aprobatoria, merece la creación partidaria de una mesa sobre seguridad. Bien por el Presidente.