Reingeniería educativa

PABLO DA SILVEIRA

El Poder Ejecutivo incluyó en la Rendición de Cuentas un incremento de 973 millones de pesos para la enseñanza. La decisión podría haber sido tomada como una buena noticia, dado que, en el marco de una Rendición austera, casi nadie recibió partidas adicionales. Pero, lejos de agradecer el gesto, las autoridades de ANEP exigieron que el incremento fuera de 3.798 millones, es decir, casi cuatro veces más.

El monto solicitado fue asombroso, pero peor fue la incapacidad para explicar para qué lo necesitaban. Una reunión de tres horas en el Parlamento dejó en evidencia que no había objetivos claros ni mecanismos de control de resultados. Todo se limitaba al reclamo de más dinero como un fin en sí.

El domingo pasado, el profesor Daniel Corbo, integrante del Codicen por la oposición, concedió una entrevista a este diario en la que reveló la falta de seriedad con la que se había actuado.

Corbo narró que, en el momento de preparar la solicitud de recursos complementarios, el Codicen pidió a los Consejos Desconcentrados de ANEP que "describieran todos los programas que están llevando adelante, cuáles eran los montos y cuáles eran los resultados". Pero esa información nunca llegó, de modo que el Codicen se limitó a sumar todas las demandas que tenía sobre la mesa y enviarlas al Parlamento. Por este camino no sólo se llegó a una "cifra desmesurada", sino que el proyecto de Rendición se convirtió en "una caja negra donde uno tira dinero y no sabe en definitiva a dónde va a parar".

Como si esto fuera poco, en los últimos días se supo que, en los siete meses que van desde la aprobación del Presupuesto, ANEP no ejecutó un solo peso de los 2.444 millones que recibió para construir infraestructura. Se aprobaron recursos para edificar 20 jardines de infantes, 138 escuelas y medio centenar de edificios para la enseñanza media, pero hasta ahora no se puso un ladrillo. Quiere decir que el Codicen no sólo pide mucho sin saber en qué va a gastar, sino que vuelve a pedir luego de haber sido incapaz de utilizar lo mucho que ha recibido.

Las autoridades educativas manejan el 20% del gasto del estado y tienen en sus manos el destino de las nuevas generaciones de uruguayos. Frente a tamaña responsabilidad, es asombroso verlas actuar con tanta ineficacia y ligereza. Pero lo peor es que no se trata de una cuestión de nombres.

Si los miembros del Codicen y de los Consejos desconcentrados actúan como lo hacen, no es porque todos sean incompetentes (aunque algunos lo son) sino porque, enfrentados a un contexto difícil, no se sienten exigidos por nadie: no pueden ser interpelados por el Parlamento, no temen quedarse sin dinero (porque ningún gobierno va a dejar a la enseñanza sin recursos) ni arriesgan quedarse sin alumnos (porque controlan un mercado cautivo constituido por el 80% de las familias uruguayas).

El papelón de los últimos días es un efecto casi inevitable de malas reglas de juego. Lo que hace falta es emprender una tarea de reingeniería institucional que nos permita tener una enseñanza capaz de responderle a la sociedad.