¿Quién va a la política?

Hubo un tiempo en que dedicar años de vida al servicio público era motivo de orgullo. Los apellidos que figuraban en los directorios de las empresas, en las cátedras universitarias y en los ministerios solían superponerse. Hoy ese mundo se ha bifurcado: las elites económicas e intelectuales miran a la función pública con creciente distancia.

No es solo un fenómeno de las elites tradicionales. Las personas con mayor formación académica, las que llegan a posiciones de alta responsabilidad en el sector privado o en la academia, tienden cada vez menos a involucrarse en política. Algo se rompió en el atractivo que la función pública supo tener para quienes pueden elegir entre varias alternativas para tener impacto.

¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones; una es monetaria. No se trata de que los sueldos sean bajos en abstracto, sino de que la brecha con alternativas. ¿Cómo se convence a un uruguayo que ocupa una posición destacada en una multinacional energética de venir a dirigir UTE o ANCAP, cobrando la quinta parte de lo que percibe hoy?

A la cuestión salarial se suma una doble dimensión reputacional. Por un lado, la función pública dejó de ser un activo en una carrera profesional. Pasar por un ministerio rara vez se traduce en un salto posterior. Por otro lado, está el riesgo de que algo salga mal: en la era de las redes y de la privacidad reducida, incluso un buen jerarca puede sufrir acusaciones o manchas injustas.

Hay además una pérdida de autonomía decisional en comparación con el sector privado. Un jerarca de ministerio dispone hoy de mucho menos margen de acción real que hace algunas décadas: restricciones legales, presiones políticas y necesidad de coordinar todo con muchos otros actores. Para alguien acostumbrado a la velocidad y a la capacidad ejecutiva del mundo corporativo, el contraste puede ser desolador.

Y hay otro cambio con respecto a ese mundo de otrora. Las personas con alta calificación profesional ya compiten también en mercados internacionales, donde el costo de oportunidad de cinco años es altísimo.

El resultado es preocupante. Es imposible aspirar a un país más desarrollado sin captar más y mejor talento para la gestión pública. Tenemos funcionarios ejemplares, tanto de carrera como de confianza política, que han cumplido roles destacadísimos. Pero el tipo de capacidades que el Estado uruguayo necesita hoy exige ampliar de manera sustantiva la base de personas dispuestas a dar ese paso. Debemos lograr que las trayectorias más calificadas vuelvan a cruzarse con la función pública.

Revertir esto no depende de una sola medida. Ni siquiera tengo claro que puede tener efecto. Pero un aporte es identificar y acompañar a quienes ya tienen vocación de servicio público y podrían dar el salto si encontraran el marco adecuado. En esa dirección apunta el Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública que el CED lanzó recientemente en su segunda edición. Es una contribución modesta a un problema grande, pero ilustra el tipo de esfuerzo que tendremos que multiplicar si queremos que la pregunta del título tenga, en los próximos años, una mejor respuesta.