La anunciada próxima visita del papa León XIV, jefe de Estado del Vaticano, dio lugar a un rocambolesco episodio en presidencia de la Cámara de Diputados: en vez de invitarlo al Palacio Legislativo contactando a la Nunciatura Apostólica, que es la representación diplomática del Vaticano, se ofició el asunto a través del Cardenal Sturla, arzobispo de Montevideo.
Hay allí otros temas institucionales mal aspectados: formalmente, debiera de ser la autoridad máxima del Legislativo, que es la vicepresidenta, quien invite al papa al parlamento (no desde Diputados). Pero sobre todo y en tal caso, esa invitación debiera de pasar por cancillería quien es quien debiera de ocuparse, en contacto con las autoridades vaticanas, de centralizar la agenda del papa en Uruguay. Más allá de eso, lo rocambolesco de la invitación es el sincero afán de invitar al papa al Legislativo más como autoridad religiosa que como jefe de Estado: esa es la señal que se da al contactar al cardenal, autoridad religiosa, y no a la embajada del Vaticano.
Hace años que se verifican embestidas de mayor o menor virulencia contra nuestra laicidad: que si una virgen en la rambla, que si las umbandas en las playas en febrero o cantando en un acto en presidencia, que si la misa del gordo tal en la playa cual porque así lo quiere el obeso en cuestión, que si el arbolito en la plaza pública en navidad y financiado por el municipio tal o la intendencia cual, o que si la januquiá en Trouville por una festividad judía particular. Todo eso y varias cosas más van en el mismo sentido: se trata de ir mellando el acuerdo fundamental que los uruguayos nos dimos, y que data de 1918, acerca de la neutralidad y abstención de lo religioso en ámbitos del Estado y en el espacio público.
El argumento es tan conocido como victimista: que es intolerante y jacobino pretender que las religiones se limiten a lo privado dentro de los templos y que hay que ser abierto y sano, aceptando la multiplicidad de expresiones religiosas para expandir así una laicidad moderna e inclusiva. La realidad es totalmente diferente. La intolerancia y el abuso forman parte, en verdad, de esas actitudes de feligreses y religiosos que no respetan el espacio común de convivencia. En ese espacio siempre hay personas que son de otras religiones, ateas o agnósticas, que no tienen por qué someterse allí a ritos o símbolos de una religión equis en porque sus creyentes se los quieran hacer ver a todos.
Abstención y neutralidad: no se apoya a ninguna religión, a todas se les deja los más amplios espacios de libertad dentro de sus templos, y todo el mundo se abstiene de la actividad proselitista religiosa en los ámbitos públicos y estatales. Por eso, el papa puede concurrir al Parlamento como jefe de Estado, pero no como jefe religioso.
Seguir debilitando la laicidad traerá más temprano o más tarde discordia social. Porque algún día alguien dirá ¡basta ya! de promover en el espacio público primitivas supersticiones de organizaciones religiosas que, por décadas y por doquier, se han ocupado de encubrir, con un manto de venerable moralidad ajustada a siglos de asqueroso cinismo, los abusos más infames de solterones degenerados y con poder contra indefensos niños. Cuando ese grito ocurra: ¿dirán qué pesada la laicidad?