Presupuesto frágil

Que la economía uruguaya crezca 2,4% en promedio durante los próximos cinco años no es imposible, claro que no. De hecho, es apenas un nivel aceptable para mantener los niveles de bienestar material a los que aspira la sociedad uruguaya. Pero como también bien sabemos, no ha sido la regla en la última década. Construir un presupuesto sobre este y otros supuestos ambiciosos implica una fragilidad notoria en al menos cinco sentidos.

La primera fragilidad la vemos por el lado de la incertidumbre sobre la magnitud del ajuste. Toda la corrección fiscal se hace por el lado del aumento de la recaudación, y nada por la reducción del gasto. Esto es en sí mismo problemático en un país que ya tiene una presión fiscal alta, pero más allá de eso hay un problema adicional. Los ajustes realizados por el gasto dan una certidumbre mucho mayor sobre el monto de la mejora. La mejora fiscal por una baja del gasto es perfectamente estimable y concreta.

En cambio, la magnitud de una corrección fiscal por el gravamen de nuevos impuestos es bastante más difícil de predecir. La experiencia reciente en algunos países muestra que fácilmente se sobreestima la capacidad recaudatoria de nuevos impuestos. Además, del 1,5 puntos del PIB que se pretende mejorar el resultado fiscal la mitad sería por “mejoras de eficiencia” en el trabajo de la DGI. Contar con esto como un hecho dado es algo aventurado a nuestro juicio.

En segundo lugar, la fragilidad también está dada por la temporalidad del ajuste programado. Postergar tanto la corrección fiscal la hace muy vulnerable a los shocks externos. Según está planteada la programación financiera, la corrección fiscal ocurriría en 2027, 2028 y 2029, lo cierto es que no sabemos casi nada de esos años, cuánto crecerá la economía, cómo estarán los precios o el contexto internacional. Tenemos una buena composición de cómo viene la economía en 2025 y una razonable aproximación de qué esperar para 2026. Más allá de ese plazo, el margen de error es mucho mayor. Apostar a corregir en un plazo del que sabemos tan poco es también aventurado. En tercer lugar, vemos otra fragilidad relevante también vinculada al plazo del ajuste programado: la economía política. Aunque todos los supuestos del gobierno se cumplieran, la economía creciera 2,4%, la inflación no bajara más del 4,5%, el dólar estuviera tranquilo todos estos años, etc.; ¿es esperable que la política, los políticos, admitan tamaño ajuste fiscal arriba del período electoral? ¿Qué nos dice la historia sobre el comportamiento de las cuentas públicas en los años electorales?

Parece bastante improbable que los políticos vayan a priorizar la corrección fiscal en 2028 y 2029 por sobre su competitividad electoral. Solo ocurrió en el gobierno de Batlle por motivos muy particulares.

El proyecto de ley de presupuesto es un documento enorme que naturalmente tiene fortalezas y debilidades. En cuanto a la planificación de la evolución de las cuentas públicas, aparecen obvias fragilidades. No se necesita una gran crisis, pequeños desajustes sobre los supuestos utilizados por el MEF darían lugar a una trayectoria de deuda sobre PBI insostenible. Si así fuera, el gobierno se verá en la necesidad de aplicar otro ajuste fiscal en los años venideros.