En la tarde del viernes 18 de abril supimos que el presidente Orsi había aceptado la renuncia que a regañadientes firmó su ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. A las 12.39 colgó en su cuenta el tuit que levantaron los pocos informativistas que estaban de guardia en el Viernes mayor del año: “Yamandú Orsi. En virtud de los hechos de público conocimiento la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto”.

A las 13.15 del día siguiente, 19 de Abril, uno buscó la resolución que hubiera declarado la cesantía.

Con paciencia sabática recorrimos las webs de Presidencia, del Poder Ejecutivo, del propio Ministerio y del IMPO. Niente. Cairo seguía figuran- do en una inauguración, desparramando anuncios como si nada hubiera pasado.

Quiere decir que la ministra salió del cargo solo por un tuit del profesor Yamandú Orsi en su rincón de X. La sacó un texto en primera persona -“me presentó su renuncia”, “he decidido aceptarla”- seguido por un impersonal y conclusivo “Tema resuelto.”

La exclusión estaba cantada. Mantenerla habría transformado el bochorno en escarnio. La aplaudimos, pues. Pero el Estado no se gobierna por tuit. El Uruguay es nación de pensamiento discurrido, que en tuit no cabe.

Por lo demás, el presidente de la República sólo resuelve por promulgaciones, decretos y resoluciones formales, actuando con el o los ministros respectivos, sin cuyo refrendo su voluntad no es portadora (“Träger”) de la energía y el poder del Derecho Público.

La errata no debe pasar inadvertida, no solo porque las formas son siempre exigibles, sino porque una resolución formal y una fundamentación filosofada habría enriquecido a la opinión ciudadana, al tener que atenerse al art. 124 del Decreto 500/91, que manda: “Todo acto administrativo debe constar de una parte expositiva y una dispositiva” y aclara que la parte expositiva debe contener un “Visto” para “situar la cuestión que va a ser objeto del acto”, uno o varios “Resultandos” para sintetizar hechos y anteceden- tes y uno o varios “Considerandos” con los fundamentos de Derecho, las razones valorativas y la finalidad de la decisión.

El sistema republicano solo resuelve así, porque no se rige por la veleidosa voluntad de los hombres sino por las reglas del contrato, habiendo desarrollado una pléyade de constitucionalistas, una sabia doctrina de la decisión reflexionada y explicada ante el ciudadano común.

Ello requiere que el talante y las razones de todo gobernante consten por escrito y se publiquen. Sin lo cual nada queda “resuelto”.

Máxime cuando la infractora excluida aparecía apuntalada por el grupo 609, al que aportaba todos los meses la plata que le negaba al Estado. Un grupo que más que sector parece secta, al saberse que aprieta más de la mitad de cada sueldo que manotea en el gobierno, al leer que sus acólitos se someten como “trabajadores que militan donde la organización decida” y al verlos hacer política vociferando “no creemos en la clase política”.

Con semejante cuadro, habría sido excelente que el presidente Orsi hubiera extraído e impartido conceptos a partir de la penosa anécdota.

Gobernar no es solo resolver. Es, sobre todo, orientar e inspirar. Y de eso ¡vaya si necesitamos todos!