Política y ciencia en las decisiones

Hace cinco años, Uruguay declaraba la emergencia sanitaria por la pandemia de covid. Lo que siguió fue una serie de medidas excepcionales, entre ellas la conformación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), una organización ad hoc de científicos y profesionales que permitió tomar decisiones basadas en evidencia.

¿Por qué este modelo de trabajo entre política y ciencia no se ha extendido a otros desafíos estructurales que enfrenta Uruguay? ¿Cómo podemos acelerar la articulación entre ambos sistemas para abordar problemas urgentes en seguridad, hogares vulnerables con niños, salud mental y productividad económica?

Diversos análisis sobre el desempeño del GACH han resaltado sus principales aciertos y oportunidades de mejora. Entre sus logros destacan la transparencia y comunicación efectiva con la población, el uso de modelos predictivos para anticipar escenarios y prevenir colapsos en el sistema de salud, y la coordinación entre múltiples actores del sector público y privado. Estos factores hicieron que la gestión de la crisis fuera exitosa y basada en datos confiables.

Sin embargo, también se identificaron limitaciones. Una vez superada la crisis, el GACH se disolvió sin que se consolidara un mecanismo para que el asesoramiento científico siguiera influyendo en la política pública. ¿En qué temas hay que crear nuevos GACH? En seguridad y criminalidad, hay investigaciones sobre prevención del delito y estrategias de seguridad ciudadana que podrían guiar mejores políticas públicas. El gobierno actual parece mantener la línea de investigación iniciada por el Ministerio del Interior con la ANII en el período anterior.

Más de 100.000 niños viven en hogares por debajo de la línea de pobreza en Uruguay, según el INE (2023). La salud mental es otro problema urgente. Uruguay presenta cifras preocupantes en trastornos mentales y suicidios. En términos de productividad y competitividad económica, Uruguay enfrenta trabas burocráticas y falta de inversión en ciencia aplicada a la industria. La articulación entre el sector público, privado y la academia es clave para mejorar la productividad y la inserción internacional del país.

Para mejorar la integración entre política y ciencia es esencial crear estructuras permanentes de asesoramiento científico. Al igual que el GACH, se deberían establecer grupos de expertos que aborden de manera continua problemáticas como salud, seguridad, pobreza y desarrollo económico. Reformar el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología podría convertirlo en un organismo con impacto mucho más profundo.

Otro aspecto clave es fortalecer la alfabetización científica. Muchas veces, la falta de acción se debe a que quienes ocupan cargos políticos desconocen el valor de la ciencia en la formulación de políticas públicas. Así también carecemos de sustancia en la Evaluación de Políticas Públicas. En el año 2005 se creó la Unidad de Asesoramiento y Evaluación de Políticas Públicas. En el 2021 se creó la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. No se le conoce producción alguna.

El GACH demostró que la política y la ciencia pueden trabajar juntas para el bienestar de la sociedad. La gran lección que nos deja es que esta articulación no debería ser una excepción para emergencias, sino una norma en la formulación de políticas públicas. Ahora nos corresponde capitalizar esta experiencia y avanzar hacia una gestión del Estado que incorpore la ciencia como un pilar en la toma de decisiones frente a los desafíos estructurales del país.