Política cruda, moralidad incierta

Hace algunos años nuestro gran amigo el Presidente de Chile Ricardo Lagos dijo que “ si América Latina no quiere que Estados Unidos intervenga en Venezuela, qué está haciendo ella para restablecer la democracia y los derechos humanos en ese país.” Joaquín Morales Solá lo recordó estos días y esa sabia premonición nos pone delante de un espejo en que las imágenes del derecho, la política y la moral se entrecruzan y tanto coinciden como chocan.

“La cuestión”, dijera Shakespeare, es que el régimen venezolano era y sigue siendo una cruel dictadura que no solo se permite violar todas las libertades públicas sino que hasta organizó una farsa electoral para intentar una imaginaria legitimación. En una hipótesis de esa naturaleza, ¿ qué hacer para reconquistar la libertad perdida?

En el terreno jurídico, en el que creemos los demócratas, poco o nada. El régimen denunció la Carta Interamericana de DD.HH en 2012; en 2017 repudió la Carta de la OEA y en 2019 la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD.HH. En una palabra, se instaló en una situación de facto. En ese caso, ¿ puede invocar la protección de los derechos que no reconoce?

Se ha sostenido que esta situación, invocada usualmente en el derecho privado, no lo es en el derecho internacional público. El tema es que infortunadamente estamos ante un derecho imperfecto, dadas sus limitaciones coercitivas. Lo estamos viendo de modo descarnado en Europa: Rusia violó abiertamente la soberanía de un Estado libre y democrático, lo invadió y lo está golpeando día a día. El Presidente de los Estados Unidos, que aparentemente no tiene mayor idea de la historia rusa, imaginó que alcanzaba con una relación simpática con Putin. No advirtió que desde Pedro el Grande, Rusia invoca que su seguridad requiere “la protección de sus vecinos”. Putin jugó con Trump. Y sigue jugando. Y ahí nos chocamos de nuevo con la desgraciada limitación del derecho internacional, porque teniendo Rusia la posibilidad del veto en el Consejo de Seguridad, no hay nada para hacer en ese terreno. Todo se libra en el político y militar.

En nuestro ámbito, recordemos que en 1983, cuando se vivió una extrema inestabilidad en la América Central, con la amenaza cierta de una invasión estadounidense a Nicaragua, se formó el grupo de Contadora. Dos años después, a los fundacionales México, Colombia, Panamá y Venezuela, nos sumamos Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, configurando el llamado Grupo de Apoyo. Al principio EE.UU. rechazó toda intervencion nuestra, pero luego la aceptó y dialogando una y otra vez, ganando tiempo, se pudo evitar un conflicto militar generalizado. Algo así ni se les ocurrió ahora a los gobiernos de la envejecida izquierda latinoamericana, tan frágiles en su convicción democrática, que prefirieron ser sostenes o cómplices de la dictadura venezolana. Salvo la honrosa excepción de Boric todos navegaron en la complacencia, como nuestro Frente Amplio.

Volviendo al tema jurídico, para descalificar la intervención estadounidense se invoca el principio de no intervención, que Uruguay ha sostenido tradicionalmente pero también con una larga polémica sobre sus excepciones. No olvidemos que durante la dictadura sosteníamos al unísono que la protección de los derechos humanos prevalecía y configuraba una excepción tan válida como la legítima defensa. No podemos ignorar que todos los tiranos se han abrazado a ese principio como una coraza. Fue nuestro debate con el herrerismo sobre la España franquista y el Paraguay de la larga dictadura de Stroessner. EE.UU. invoca en este caso la agresión de un Estado asociado notoriamente al narcotráfico que opera en su país . Es un argumento de valor jurídico y político. Lo debilita, sin embargo, cuando al mismo tiempo le da a la apropiación del petróleo por las compañías estadounidense una preferencia que contamina el debate.

Podemos hoy coincidir en que aunque jurídicamente sea discutible detener a Maduro es moralmente plausible. El derecho entró en eclipse y tenemos que resignarnos a mirar la intervención estadounidense desde el terreno de las consecuencias políticas. Ella ha tenido el incuestionable mérito de desnudar el oprobio de una dictadura pura y dura, provocar la caída del dictador y la liberación de presos políticos que, a regañadientes, va procesando el regimen. No es despreciable tampoco que las fuerzas militares venezolanas, cuya cúpula es parte del narco-Estado, sientan que son poca cosa frente al poderío norteamericano.

Todo depende, entonces, de como se sigue. Esta intervención puede ser liberadora si culmina abriendo el espacio a una real autodeterminación del pueblo venezolano. Puede también degradarse como un mero acto abusivo si se termina solo con una cirugía cosmética del régimen a cambio de la explotación petrolera. El modo como Trump ha manoseado la presencia de la Premio Nobel María Corina Machado ha sido lamentable. Podía pensar que políticamente no era su momento, pero no tenía porqué obligarla a hincarse ante él para que la recibiera, con el premio de la medalla del Nobel.

Pese a todos los pesares, la esperanza sigue abierta. Cayó el tirano, no el régimen. Sin embargo sufre una dura derrota y el peso de una intervención poderosa luego de años de inmovilismo interno y parálisis exerna.

El derecho está en pausa. La política se ejerce ahora en términos de poder y la moral es una moneda tirada al aire que no sabemos de que lado caerá.