Playas contaminadas

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Se encendió la polémica por la falta de control y de avisos a la opinión pública sobre el estado de las aguas en algunas de las playas capitalinas.

Recordemos que ya en setiembre del año pasado se suscitó un hecho grave. La Fundación Hilo Rosa que apoya a pacientes oncológicos, organizó una travesía con fines benéficos, desde La Estacada en el barrio Punta Carretas de Montevideo. Se inscribieron 150 nadadores de Argentina, Chile y Uruguay. Antes de la largada advirtieron que el agua de la playa estaba en mal estado y solo 92 decidieron lanzarse al agua. Horas después 85 de ellos padecieron trastornos digestivos (diarreas y vómitos) a causa de la contaminación del agua con desechos cloacales. La Intendencia de Montevideo se dio por enterada cuando el daño estaba hecho, declarando recién entonces que “el área no era apta para baños” -aunque la competencia estaba autorizada.

Como suele suceder en lo vinculado a la administración del gobierno departamental capitalino, no tuvo ninguna consecuencia.

Hace unos días el periodista Haberkorn reveló en páginas de El Observador, que las aguas de las playas Pocitos, Buceo y Santa Catalina de Montevideo, en la temporada pasada, superaron el máximo de enterococos que es seguro para la salud -según la Organización Mundial de la Salud son el mejor indicador de la presencia de materias fecales-. Desde hace 18 años la IM realiza estas mediciones, pero hasta ahora los resultados de las mismas eran secretos.

Desde luego la denuncia provocó una fuerte reacción por el ocultamiento de información tan sensible para la salud de los montevideanos que se vuelcan masivamente a nuestras playas durante la estación estival. ¿Cuál fue la razón por la cual la administración de Carolina Cosse no alertó a la población de no concurrir a esas playas hasta tanto mejoraran las condiciones sanitarias?

¿Habrá considerado el eventual costo político que pudiera tener el cierre de playas?

La IM se defiende relativizando la situación, señalando que responde a razones circunstanciales y no a una situación estructural. Asimismo, algún especialista consultado generó mucha más preocupación en la gente al declarar que las bacterias detectadas no son “totalmente letales”.

Debe ser una obligación ineludible y permanente de las autoridades mantener a la población informada del estado de calidad de las aguas de usos recreativos; sin ocultamientos ni reticencias de ninguna clase. Porque las familias concurren confiadas en que existen buenos controles que garantizan su seguridad, incluyendo la de los integrantes más pequeños y vulnerables.

Estos procederes parecen confirmar que para algunos jerarcas y especialistas, la política está encumbrada en lo más alto de la valoración de sus responsabilidades públicas y profesionales. ¿No hay sitio para la autocrítica? ¿Los obliga a manejar una doble vara según sus conveniencias?

Aún están frescas las estridentes alarmas que hicieron sonar cuando el agua potable del área metropolitana estaba algo salobre debido a la sequía histórica del 2023. Pero, al mismo tiempo se “encolumnan” detrás de un silencio “ensordecedor” frente a episodios de contaminación de playas.

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