En los últimos tiempos ha comenzado a circular con asiduidad, tal vez importado de la vecina orilla, el concepto de periodismo militante. 

Su uso se ha hecho más corriente en estos días debido a que el presidente del Secan, Gerardo Sotelo, resolvió no renovar una cuarentena de contratos en radios estatales.

Voces de un lado y del otro sostienen que la decisión del jerarca se debe a la línea opositora al gobierno y afín a la izquierda, a la que adhieren los comunicadores involucrados. Si bien Sotelo la adjudicó al “rating ínfimo” de los contratos no renovados -entre otros argumentos respaldados por el pragmatismo que debe guiar todo proceso de optimización de recursos- son muchos los que insisten en que se trata de una purga. Que se está llevando adelante una limpieza de periodistas militantes en los medios estatales.

El concepto de periodismo militante está formado por dos palabras en flagrante contradicción, combinadas para definir lo que sería un mero agente propagandístico. La contradicción ocurre porque una palabra es excluyente de la otra: es imposible cumplir con las dos funciones al mismo tiempo.

Esto no quiere decir que los medios de comunicación opositores a los gobiernos de turno no deban existir. Todo lo contrario. Las voces opositoras son harto saludables para las democracias. Tampoco significa que los periodistas no puedan expresar sus ideas, cualesquiera sean. Para algo están los editoriales, las columnas y los artículos de opinión. Pero en todos los casos la opinión debe ser identificada como tal y no camuflada. El público debe saber si está recibiendo una u otra. De lo contrario está siendo estafado. Los gobiernos no deben sostener con recursos que no les pertenecen las finanzas de un medio o un periodista que, disfrazando de información la promoción de posturas políticas o denostando figuras e ideas que se encuentran en la vereda de enfrente, incumplen con los principios básicos de la profesión. Eso también es una estafa.

Para ilustrar el concepto voy a referirme a un hecho ocurrido en la pantalla de TNU, en noviembre de 2019, ejemplo del lamentable producto que resulta de la combinación de periodismo y militancia. Se trata del bochorno que tuvo como protagonistas a Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU); al exdirector de TNU, Ernesto Kreimerman; y al licenciado Orlando Petinatti, crítico contumaz de las administraciones frenteamplistas.

El cómico radial se encontraba como invitado en un programa matutino, al aire, cuando fue interrumpido por un móvil en vivo en el cual Cardozo entrevistó en secuencia a dos ministros y al entonces presidente de Asse. Según declaró luego el presidente de APU al matutino El Observador: “el director del canal estaba presente en el lugar y él mismo traía los entrevistados y me decía que estirara, que siguiera al aire… algo increíble. Al terminar el móvil me enteré de la intención del director cuando él mismo me lo transparentó de una manera inentendible. Aseguró que su idea era utilizar ese espacio porque el entrevistado (Petinatti) no era de su agrado”.

Esa mañana los televidentes de TNU fuimos estafados como vaya a saber en cuántas ocasiones que por no ser tan escandalosas, carecieron de la repercusión que tuvo esta.

Los recursos que los ciudadanos aportan para Canal 5, o cualquier otra pieza de la máquina estatal, deben emplearse en beneficio de los ciudadanos. Y de nadie más.