Pablo Da Silveira
Pocas palabras se han vuelto tan políticamente correctas como el término "participación". Toda iniciativa política que tenga un perfil participativo se vuelve buena. Toda propuesta que carezca de ese atributo pasa a ser sospechosa. La instalación de las nuevas autoridades educativas es un ejemplo: el país acaba de inaugurar un sistema de gobierno de la educación que, probablemente, nos hundirá en el corporativismo, la ineficiencia y la ausencia de control ciudadano. Pero ese cambio es festejado como un logro porque nos hace avanzar en el camino de la participación.
Mantenerse crítico ante esta ola no es tarea sencilla. Fomentar la participación parece democrático, inclusivo, igualitario. Oponerse a ella suena autoritario, excluyente, oligárquico. Sin embargo, las cosas son mucho más complicadas.
Fomentar la participación no implica profundizar la democracia, al menos si por tal cosa se entiende un régimen en el que todos tienen una igual oportunidad de incidir en el resultado. Esta es una experiencia que conoce cualquiera que haya asistido a una asamblea. Aunque en la asamblea hay mucha gente y todos pueden hablar, las decisiones son casi siempre tomadas por unos pocos en el cuarto de al lado. Finalmente el acuerdo será convalidado por todos, pero el asambleísta común y corriente no tendrá casi ninguna posibilidad de incidir en la negociación. La real diferencia con el régimen representativo no es cuántos tienen una real capacidad de incidencia, sino por dónde pasa la línea entre lo implícito y lo explícito.
Esta experiencia es confirmada una y otra vez por la historia. Dar a todos una oportunidad de estar presentes y hablar no es lo mismo que dar una real oportunidad de incidir. Lenin fue la figura que mejor entendió este punto. Por eso se permitió armar en Rusia una forma de gobierno estrictamente participativa (mediante la creación de una estructura piramidal de consejos o "soviets"), que en realidad estaba controlada por una organización que no figuraba en el organigrama: el Partido Comunista.
Tampoco es verdad que la participación favorezca la inclusión. En realidad, la historia muestra lo contrario: las grandes experiencias de gobierno participativo casi siempre estuvieron fundadas en operativos de exclusión. Las ciudades de la antigua Grecia tenían gobiernos participativos, pero sólo una fracción de los habitantes eran ciudadanos. Lo mismo ocurrió en las repúblicas italianas del Renacimiento.
Por último, no es verdad que la participación favorezca la igualdad política. Más bien ocurre lo contrario. En un régimen representativo, alcanza con votar cada tantos años para existir políticamente y, por lo tanto, figurar en los cálculos de los políticos. Pero en un régimen participativo el precio de existir políticamente es mucho más alto, ya que hay que estar dispuesto a movilizarse, asistir a asambleas, invertir tiempo en informarse y tomar posición. Quien no está dispuesto a pagar estos costos desaparece de la política.
La dinámica participativa tiende de este modo a generar una nueva oligarquía, que es la oligarquía de los activistas.