Para preocuparse y más

En su editorial del pasado jueves 11 -“Una sentencia que vulnera la libertad de expresión”- Búsqueda plantea un tema que, concluye el semanario, “Da como para preocuparse”.

Siempre hay que repetirlo, la libertad de expresión, la libertad de prensa son primeras e indelegables. Sin libertad de expresión no hay democracia. Es la que permite al ciudadano efectivamente ser libre y soberano. No puede renunciar a esa libertad y si lo hace será porque le teme a la libertad y le resulta más cómodo tener tutores. Pero, definitivamente, no las puede delegar ni hay contrato que justifique ceder esas libertades individuales; ahí es cuando comienza el totalitarismo.

La sentencia tiene que ver con el derecho de respuesta y obliga a Búsqueda a publicar un artículo que no fue redactado por sus periodistas, ubicado en un lugar y con un espacio dispuesto por los jueces y al que no se le puede hacer ningún agregado que sirva para ubicar al lector: decirle de qué se trata y el por qué de eso que está leyendo (el derecho de repuesta, hasta por razones prácticas se ejerce mayoritariamente en los medios escritos, ni soñarlo en redes, plataformas y más).

El tema del derecho de respuesta, réplica o ratificación fue motivo de mucho debate a lo largo de Occidente, diría que en el último cuarto del siglo pasado.

Muchos lo veían como un serio riesgo para la plena libertad de prensa, para la independencia de los medios y de los periodistas, para la pluralidad informativa, para la libertad de empresa y para la propiedad privada. Otros en cambio daban por hecho que los periodistas son un mentirosos, y además unos tontos que no saben cuidar su negocio: sacrifican su única ventaja comparativa que es la credibilidad.

Hubo también los que directamente querían acabar con la libertad de expresión. Julio Verne, por 1870, escribió un libro -París en el Siglo XX- en el que previó el fin de la libertad de prensa por causa del derecho de réplica.

Pero a la vez era cierto y se admitió que se hacía preciso amparar al ciudadano ante el “poder” de la prensa y garantizarle el derecho a defenderse en el mismo terreno. Y bien dicho: era cierto, porque hoy con los cambios y el avance tecnológico ya no lo es.

El uso de ese derecho se condicionó a que se tratara de informaciones manejadas con negligencia, mintiéndose a sabiendas y con desprecio por la verdad y que existiera una “real malicia”. Que además, no se dejara de lado “la prueba de la verdad”, para no obligar la publicación de una “réplica” que no se ajustara a los hechos y ahí sí se mintiera a sabiendas. Debía considerarse si los medios habían ofrecido chance al ofendido para aclarar y dar su opinión, y que el nivel de “agravio” (tan subjetivo) fuera determinado por un juez.

Prácticamente nada de todo esto último pesó en la sentencia que castiga a Búsqueda, según su editorial.

Ahora, todo este amparo es para el ciudadano común, no para los funcionarios públicos que están sometidos al escrutinio ciudadano y más cuando hay manejo de fondos públicos (lo de Búsqueda tiene que ver con eso). Para ellos ese amparo se restringe y se espera que los jueces actúen en consecuencia. Se imagina el lector a los ejércitos de abogados a la orden del burócrata mayor, pagados todos por el contribuyente, reclamando derechos de respuesta. Entonces sí que se cumpliría la profecía de Julio Verne.