Otra mala ley

El Poder Ejecutivo acaba de enviar a la Asamblea General un proyecto de ley que convierte a la UTU en un ente autónomo. El texto, firmado por el presidente Mujica y todos sus ministros, es una fuente de sorpresas y preocupaciones.

Contra lo que podía esperarse, este proyecto no es el acta de nacimiento de la Universidad Tecnológica de la que se habla en el acuerdo político firmado por el gobierno y los partidos de oposición. Si bien todos ellos se comprometieron a impulsar la creación de "una Universidad Tecnológica radicada en el interior del país", lo que aquí nace es un ente cuyo "domicilio estará ubicado en la capital de la República" (art. 2°), que se encargará, entre otras cosas, de diseñar políticas y organizar la enseñanza técnico-profesional "correspondientes a la educación media y terciaria, así como para la formación continua, acreditación y certificación de competencias" (art. 4°).

¿Sustituye esta iniciativa a la Universidad Tecnológica? Todo depende de la expresión "educación terciaria". Si por tal se entiende una educación terciaria no universitaria, entonces podría tratarse de una propuesta diferente (y compatible) con lo acordado con el conjunto de los partidos políticos. Pero el problema es que el proyecto encomienda al nuevo ente la tarea de "relacionarse con instituciones terciarias y universitarias nacionales o extranjeras, con el fin de desarrollar programas conjuntos de enseñanza, investigación y extensión". Parecería entonces que la nueva institución tendrá un pie en la enseñanza media y otro en la enseñanza superior, incluyendo la universitaria.

Si esta es la forma que adoptará la proyectada Universidad Tecnológica, entonces no se está cumpliendo el compromiso de instalarla en el interior. Y si se trata de otra cosa, entonces deberíamos concluir que aquella idea ha quedado relegada frente a otra iniciativa que compite con ella. En cualquier caso, estamos ante una nueva prueba de la futilidad del magro acuerdo político que la oposición equivocadamente firmó.

Este nuevo ente tampoco es el Instituto Terciario Superior del que habla la Ley General de Educación votada en 2008. Aquella ley preveía la creación de un instituto dedicado a formar "técnicos en diversas áreas de la producción y los servicios", y mandaba instalar una comisión integrada por representantes del MEC, ANEP y la Universidad de la República, que debía elaborar "antes del 30 de abril de 2010" una "propuesta general para la estructura académica y curricular, la cuantía y características del personal, el patrimonio, el presupuesto y finanzas necesarios para la instalación y puesta en marcha, el marco legal, fines, organización y mecanismos de dirección del Instituto Terciario Superior" (art. 88 de la ley mencionada).

Nada de eso sucedió. Pero a ese gesto de total falta de seriedad en el desarrollo de políticas educativas, se agrega ahora la aparición de una nueva institución cuya descripción no coincide con la del instituto proyectado, pero cuyos cometidos se superponen.

Hay mucho para analizar en este proyecto de ley, pero la conclusión puede anticiparse desde ya. La administración Vázquez legó al país la peor ley de educación que ha tenido en su historia. La administración Mujica parece querer rivalizar en este terreno y dejar la peor ley que hemos tenido en el dominio de la formación técnica. Así vamos.