El Pit-Cnt ha informado que ya llegó a más de 153.000 firmas en apoyo a su proyecto de reforma constitucional. Es una cifra aún lejana a la requerida para habilitar el recurso, y los escasos dos meses que quedan para alcanzarla parecerían insuficientes. Además, a diferencia de otras convocatorias semejantes como la de la LUC, la iniciativa de la central obrera no cuenta con unanimidad dentro del FA, e incluso en la interna del Pit-Cnt mismo hay distintos niveles de adhesión.
Me pareció muy ilustrativo que hubiera habido en los mandos de la central una ventaja de apenas dos votos a favor, entre quienes propusieron esta desventurada idea, contra otro grupo que promovía la derogación de la ley -vía reforma constitucional- y un tercero que explícitamente recomendaba no hacer nada.
No estamos entonces ante un escenario similar al reciente referéndum contra la LUC, que perdió raspando, donde la inefable Pantera Rosa casi se come al gobierno crudo.
Sin embargo, me inquieta una actitud ciertamente displicente que noto sobre el tema a nivel de las autoridades.
Siempre que hay iniciativas de recolección de firmas, los gobiernos han entendido que hacer una contracampaña implica un riesgo: el de potenciar al adversario, que puede victimizarse y crecer a través de una de las claves del comportamiento político yorugua: la simpatía por el débil y la desconfianza hacia el poder. Es una característica típica de nuestra gente, bien diferente al triunfalismo que campea en la decisión de voto de los argentinos, sin ir más lejos.
La objeción es pertinente pero a mi juicio se da de cara contra otro riesgo aún más pronunciado: dejar crecer al adversario sin confrontarlo, en la certeza de que no va a lograr su objetivo. “Criticarlos es darles visibilidad”, dicen.
Es un poco el síndrome “acá no va a pasar”, frase hecha con la que el Canal 5 tituló un estupendo documental sobre el golpe de Estado de 1973. Vastos sectores ciudadanos de la época no podían creer que, extralimitando sus funciones de derrotar a la guerrilla, los militares iban a desobedecer al poder civil y quebrar una de las institucionalidades más sólidas del continente.
Salvando las distancias, ha pasado lo mismo con cada gobierno que se enfrentó a campañas de democracia directa derogatorias de sus ideas. La frasecita “no van a llegar a las firmas”, la vengo escuchando desde el referéndum por la ley de Caducidad de 1989. Esa y muchas otras veces, llegaron.
Y también lo hicieron con la más reciente iniciativa de rechazo a la LUC, primera demostración de fuerza de la oposición al gobierno actual. La promoción para la juntada de firmas fue tan errática y plagada de tergiversaciones y calumnias, que al principio pareció pan comido. Nuevamente se optó por no desarrollar campaña de réplica, en la expectativa de que no lo lograrían. No solo lo hicieron, sino que su éxito sometió al país a un largo y fútil debate que postergó las verdaderas prioridades nacionales.
Lo que está pasando ahora con la iniciativa del Pit-Cnt es aún más preocu-pante.
Los partidarios de la coalición se dividen entre quienes creen que no van a llegar a las firmas y quienes desean que las alcancen, porque eso pondría en evidencia las contradicciones internas del FA de cara a las elecciones.
Ambos puntos de vista, lo único que despiertan en mí es un pensamiento catastrófico: ¿y si no solo llegan, sino que además ganan?
Hace unos días el ministro Mieres fue más que claro en relación a los nefastos efectos que podría generar la reforma constitucional. Con similares conceptos lo han señalado incluso connotados expertos del mismo FA, como el economista Gabriel Oddone.
¿No será necesario combatir el diletantismo sindical desde ahora, explicando a la ciudadanía fuerte y claro el peligro que representa esa iniciativa demagógica? ¿O vamos a esperar que se transforme en el tema principal de campaña electoral, y que esa promesa de jubilarse a los 60 con aumento, confiscación del ahorro individual y mudanza a Disneylandia, destruya la estabilidad del país?
Por lo menos cinco o seis veces en las últimas semanas he sido abordado caminando por la calle, con cordialidad y respeto, por militantes que me piden la firma. Con la misma sonrisa les digo que estoy totalmente en desacuerdo. Pero veo a mi alrededor gente que no tiene mucha idea de lo que le están hablando y estampa su rúbrica.
Por suerte no llegó el fentanilo, pero la jubilación temprana, abultada y estatal puede llegar a ser la nueva droga del uruguayo desinformado.
Si fuera el gobierno quien saliera a contrastarla, admito que podría generarse una reacción contraria a la buscada. Pero los partidos que integran la coalición tienen -a esta altura- la obligación de difundir masivamente los argumentos en contra del proyecto. Y sería muy bueno que esa declaración incluyera la firma de los sectores del FA que los reconocen.
No sea cosa que el síndrome “acá no va a pasar” nos vuelva a empujar al abismo.