En los estertores del año no podía faltar el anuncio -con aires triunfalistas-, del proyecto de gobierno para sustituir a Neptuno, aprovechando que la atención de la gente está enfocada en otros menesteres. El ministro de Ambiente y el presidente de OSE, en conferencia de prensa abordaron asuntos vinculados a la renegociación final del proyecto Neptuno entre el actual Ejecutivo y el consorcio Aguas de Montevideo, con el fin de robustecer el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana.
Una vez más se desvía el foco de lo sustantivo, que es elegir la opción correcta para asegurar ese abastecimiento, incluso si se repitiera o profundiza en el corto plazo una sequía extrema -como la que padecimos hace bien poco, en 2023.
Los más calificados científicos del mundo, año tras año nos advierten que debemos esperar que estos episodios extremos volverán a ocurrir. Por lo tanto sabiendo esto, hay que prepararse de la mejor manera posible para enfrentarlos (adaptación), procurando minimizar los perjuicios.
Los mencionados jerarcas, una vez más, pusieron el foco en las obras que proyectan realizar, todas dentro de la ya castigada cuenca del Santa Lucía.
Su eje central es la construcción de una segunda planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes que asegure la producción de agua potable hasta 2045. A lo que añadieron una nueva planta de tratamiento de lodos (residuos del proceso de potabilización), una línea de bombeo adicional de agua hacia Montevideo, y una subestación de UTE para reforzar el suministro eléctrico. En cuanto al proyecto de represar el arroyo Casupá, se llamará a licitación pública para su construcción, sabiendo que si todo sale bien recién estará en funcionamiento en la próxima administración.
Para sorpresa de muchos el presidente de OSE recurrió a dos argumentos muy difíciles de compartir para justificar el cambio abrupto del proyecto. El primero es que los técnicos de OSE “detectaron” problemas técnicos en el proyecto original (en Arazatí) vinculados a la salinidad del río de la Plata y a la eventual presencia de cianobacterias. ¿Hubo recambio del plantel de técnicos de OSE con el cambio de gobierno? ¿En la administración anterior no evaluaron con seriedad el proyecto que estuvo mucho tiempo a estudio?Suena a excusa para justificar una decisión política equivocada..
El segundo, es impresentable. Se refiere a que el proyecto actual podría ahorrar 80 millones de dólares, como si el grave asunto que estamos tratando de solucionar fuera una licitación pública de compra de insumos para las oficinas del estado. En 2023 Montevideo estuvo muy cerca de quedarse sin suministro de agua potable, e incluso llegó a tener un nivel salobre inconveniente. Quién puede discutir que la inversión que el país debe hacer es la que brinda más garantías.
A todo esto hay que añadirle la realización de una licitación pública para represar el arroyo Casupá (costo: 130 millones de dólares) sin importar la probada vulnerabilidad de la cuenca, los altísimos costes sociales y ambientales que tendrán las obras, y que con suerte estaría funcionando recién en la próxima administración.
¿Y si se repite “2023”, qué haremos? Tarde o temprano echaremos mano al Río de la Plata.
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