Mejor que no hagan nada

Durante muchos meses del año pasado el principal cuestionamiento al actual gobierno era su ausencia de iniciativa, su débil impulso para llevar adelante una gestión, la sensación de que el país ingresaba en una suerte de inercia con poca capacidad y falta de agenda.

Sin embargo, es necesario registrar un cambio. El gobierno ha comenzado a impulsar políticas e iniciativas propias. El problema es que, en casi todos los casos, según nuestra opinión, van en la dirección contraria a los intereses de nuestro país.

A tal punto que, para decirlo de una manera sencilla, si van a hacer lo que anuncian, probablemente sea mejor que no hagan nada. Porque, además, en varias de las iniciativas, su resultado tendrá un impacto estratégico con graves efectos por varias décadas.

En primer lugar, se está impulsando la construcción de la Represa de Casupá como forma de enfrentar la crisis de abastecimiento del agua potable en la zona metropolitana. Resulta muy evidente que el camino elegido es totalmente equivocado en la medida que, además de los importantes impactos negativos que generará en el plano ambiental, social y productivo en la zona, no resuelve el problema.

En efecto, esta represa se ubica en la propia cuenca del Río Santa Lucía, que ya está agotada, por lo que seguir golpeando allí no resolverá nada.

Es evidente que la solución sólo se alcanzará si se incorpora una fuente adicional de agua, todos los técnicos de mayor nivel coinciden en esto, sea por la construcción de una toma de agua del Río de la Plata o por una obra de trasvases desde la cuenca del Río Negro.

En síntesis, este camino que el gobierno lamentablemente ha ratificado sin atender los contundentes argumentos en contra, nos hará gastar mucha plata y seguiremos teniendo graves problemas de acceso al agua potable.

En segundo lugar, se han formulado diferentes alternativas para resolver los problemas de movilidad y transporte en la zona metropolitana del país. Estas han surgido a partir de iniciativas empresariales y ante la ausencia de un Plan Director previo.

Es muy claro que se necesitan obras para mejorar sustancialmente la movilidad al menos en tres o cuatro corredores.

Sin embargo, la discusión se ha centrado sustancialmente en la reforma de la Avenida 18 de Julio lo que, a nuestro juicio, es de menor relevancia. Afortunadamente se ha descartado el túnel por debajo de la principal avenida, pero sobreviven algunos otros proyectos que tampoco parecen ser muy felices.

Lo cierto es que tampoco ha habido un debate sobre el modo de transporte preferible para los corredores suburbanos. Parece como que los buses articulados son una definición previa, descartando cualquier procedimiento competitivo abierto.

En tercer lugar, en materia educativa se está revirtiendo la transformación educativa iniciada en el gobierno anterior y, como gran iniciativa, se impulsa el tantas veces manido “Congreso Nacional de Educación”, como si fuera el camino adecuado para mejorar la muy mala situación que vive nuestra educación desde hace ya muchos años.

Como en otras oportunidades, otra vez el Frente Amplio insiste con un nuevo Congreso de Educación, sin registrar que estos nunca han generado ningún aporte sustancial.

Se trata de instancias marcadas por un peso muy relevante de las corporaciones educativas y con un sesgo ideológico indiscutido, que buscan sustituir las instancias previstas en la Constitución y en las leyes para la conducción de la política educativa.

En vez de dar continuidad a la transformación iniciada en el anterior gobierno se camina por la reafirmación de una educación trancada y dominada por corporaciones gremiales.

Mientras tanto, nuestros niños, adolescentes y jóvenes siguen rebotando en un sistema que muestra tasas de deserción escandalosas.

Para completar el panorama, el gobierno está por anunciar el resultado del Diálogo Social, que ha sido más bien un dúo entre el PIT-CNT y el Frente Amplio, y parecería que también quieren desmontar la reforma de la seguridad social aprobada en 2023, que tuvo el gran mérito de introducir cambios que dieran sostenibilidad al sistema de jubilaciones y pensiones por las próximas décadas.

Aparecen iniciativas estatizadoras con respecto al pilar de ahorro individual, pasando a manos del Estado la administración de los fondos de los ciudadanos que aportan a las AFAP y una reducción de la edad de retiro a 60 años que, dadas las características de nuestra demografía, llevará a nuestro país a una profunda crisis de sostenibilidad de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, que pondrá en juego nada más ni nada menos que nuestra viabilidad como sociedad; desoyendo como si fuera poco, el resultado de un plebiscito.

Lo del principio, al final parece que lo mejor es que no hagan nada.