Mar de fondo

Uruguay, pese a tener casi 700 km de costa entre el Río de la Plata y el Atlántico, claves para su viabilidad como país, ha vivido siempre de espaldas al mar. Curiosamente esta semana, y en pleno carnaval interminable, dos noticias vinculadas a esa costa, marcaron la agenda política.

El primero es el tristemente famoso caso Cardama. Cuatro meses después de una conferencia de prensa en la que el presidente Orsi y su plana mayor anunciaron la “rescisión” del contrato con el astillero, el mandatario y su gente convocaron a otra conferencia de prensa para... anunciar la “rescisión del contrato con el astillero”.

En realidad el gobierno lo que dijo desde el primer día es que iba a romper el acuerdo. Y dedicó estos meses a buscar una justificación legal. Se ve que mucho no encontró, porque los argumentos fueron exactamente los mismos: aspectos formales y accesorios de la etapa previa al perfeccionamiento del mismo. A lo que se sumó una investigación ordenada de forma unilateral, a una empresa que no tiene rol alguno en el contrato, y que encima dice que la obra viene bien, pero con problemas de plazos. Problemas que el empresario puede achacar fácilmente a la conferencia original.

En derecho, casi nunca se puede asegurar el resultado de un conflicto en la Justicia. Por eso la máxima de todo abogado honesto con su cliente es “siempre es mejor un mal acuerdo que un juicio”, cosa que nadie parece haberle dicho a Orsi. Ahora vamos a ir a un litigio eterno con un señor que tiene todas las de ganar.

Veamos: ¿había problemas con la garantía? Sí, pero el estado pagó, y siguió para adelante, con lo cual (al menos en los libros) subsanó déficits previos. Antes de notificar ningún problema a la contraparte, salió a decir que quería romper el contrato, y a acusar al otro de estafador (chau buena fe). Y esta semana, para sumar a la carpetita de Cardama, la ministra de Defensa dijo que el quiebre era “una decisión política”.

A menos que haya una cláusula que diga explícitamente que el hallazgo en cualquier momento de problemas con esas garantías habilita la ruptura (nadie lo ha mencionado), estamos en el horno. Andá a recuperar los 40 palos que ya gastaste, nos vamos a pasar 5 años pleiteando, y es probable que terminemos perdiendo una torta de plata más. Hubiera sido lindo preguntar a los responsables de esto en la conferencia si estarían dispuestos a responder con su patrimonio si perdemos el juicio. Porque timbear con plata ajena es una papa.

El segundo caso tiene similitud con esto, ya que hablamos de la seguidilla de fallos sobre la pelea en el puerto. Y tiene mucho que ver, porque todo se origina en políticas de gobiernos anteriores, que después de haberle “vendido” por cientos de millones la terminal especializada en contenedores de Montevideo a unos señores belgas, le cedían de forma sistemática los muelles públicos a un competidor que no puso nada.

Los belgas, como es obvio, se calentaron y comenzaron un reclamo millonario, que cuando asumió Lacalle Pou parecía obvio se iba a perder. Bueno, eso dijo el mismo Miguel Toma. Entonces para evitar ese riesgo, se negoció un acuerdo que es lo que acaba de analizar la justicia uruguaya.

Bueno, el fallo del TCA abordó 5 puntos clave, y en 4 validó el accionar del gobierno previo. Incluso aquella cosa que tanto indignaba a algunos de extender la concesión hasta 2081. El único punto que revocó del acuerdo fue una limitación a una eventual licitación de una segunda terminal de contenedores, cosa que en cualquier caso, el mercado no parece demandar.

Sobre el “monopolio”, no parece haber cambios. Porque el fallo dice que el estado tiene derecho a organizar el funcionamiento portuario en base a terminales especializadas en distintas cosas, que naturalmente tendrán prioridad.

Vale señalar, además, que la justicia penal nunca encontró elementos para sostener que el acuerdo fue fruto de algún negocio turbio de quienes lo firmaron, tal como repitieron de manera bastante irresponsable algunos dirigentes del Frente Amplio.

El tema portuario es muy complejo, y cada actor interesado tiene posturas muy contundentes, que complejizan más aún un análisis “imparcial”. Lo llamativo, es que tras el fallo del TCA, muchos medios y periodistas hicieran una lectura tan peculiar del mismo. Obviando el origen de ese acuerdo, que fue hecho entre una espada y la pared. Y destacando el único punto de los 5 reclamados, que de alguna manera revocaba una parte del mismo.

Algo similar pasa con Cardama. Es llamativo ver a tanta gente preocupada por una garantía de 4 millones de dólares, cuando estamos a la puerta de perder 150 millones o 200 millones a futuro. ¿Cómo se explica esa mirada?

Como sucede con el mar, parece que vivimos de espaldas a lo vital, y obsesionados por lo insignificante. Y eso, pensando bien.