Malos perdedores

Y le llegó el turno a la reforma de la Seguridad Social. Sí señores, el mismísimo presidente Yamadú Orsi anunció un paquete de medidas, que enviará al Parlamento, para modificar el régimen vigente. Las modificaciones van desde la baja de 65 a 60 la edad de retiro para ciertos casos, a cambios en la administración de los fondos de los trabajadores que administran las AFAP.

Orsi formuló los anuncios secundados por el ministro de Economía, Gabriel Oddone y el director de la OPP, Rodrigo Arim. Las propuestas son el resultado del denominado Diálogo Social, del que la oposición no participó . El sector empresarial salió al cruce de los anuncios sosteniendo que sus propuestas no fueron consideradas.

El tema recién se echó a rodar y ocupará la atención del debate político de los próximos meses. No obstante, ya puede considerarse un triunfo en la interna del FA del Partido Comunista, del Partido Socialista y -obviamente-del Pit-CNT.

Los anuncios presidenciales están viciados de nulidad, porque desconocen el contundente pronunciamiento de la ciudadanía en el plebiscito sobre la Seguridad Social, celebrado en octubre de 2024. Coincidiendo con la primera vuelta de las elecciones nacionales, los uruguayos nos pronunciamos sobre la ley que reformó la Seguridad Social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. El veredicto fue contundente el 60 por ciento de los orientales votamos por la ratificación de la norma, mientras que un 40 por ciento lo hizo por su derogación.

El Frente Amplio tiene una reconocida costumbre de desconocer la voluntad de la ciudadanía expresada en plebiscitos o referéndums. La máxima Vox populi, vox Dei, no corre par el FA.

Cabe recordar lo que sucedió en nuestro país hace 45 años. En 1980, los militares sometieron a la consideración ciudadana una nueva Constitución que legitimaba el régimen instaurado en 1973. Fue el histórico plebiscito del 30 de noviembre de 1980, en el que el 57 por ciento de los orientales dijimos No a la continuidad del autoritarismo. Resultó el comienzo del fin de la dictadura militar. Los militares acataron la voluntad popular y en ningún momento plantearon impulsar una nueva reforma constitucional o un paquete de leyes que contrariaran el pronunciamiento de la ciudadanía. Entendieron que nada puede desconocer la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. En 1989 los uruguayos ratificaron en las urnas la Ley de Caducidad, aprobada en el Parlamento en 1986.

La norma amnistió a militares y policías que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En 2007, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez volvió sobre el tema. El FA impulsó una reforma constitucional, que incorporaba artículos para derogar por vía indirecta la Ley de Caducidad. En 2009 fue plebiscitada y nuevamente rechazada por el soberano. En este tercer gobierno del FA, ha habido propuestas para derogar artículos de la LUC, ratificada en un referéndum en 2022.

Ahora van por la ley de Seguridad Social. Para hacer creíble esta arremetida, se ha puesto el tema al hombre el ministro Oddone, una de las poquísimas figuras confiables de este gobierno. Llama la atención que la figura que da tranquilidad al empresariado y confianza al mercado, sea el mascarón de proa de un grupo de malos perdedores.