Entre los muchos contenidos confrontativos de la LUC, el referido a la educación es de los más relevantes. 74 artículos de esta norma modificaron profundamente la Ley General de Educación de diciembre del 2008, buque insignia del F. A.
Por lo que este referéndum supone una confrontación filosófica de fondo de carácter social, político y antropológico. Exhibe dos modos de pensar el mundo.
En el breve espacio de esta nota resulta imposible analizar los múltiples aspectos que separan a quienes impugnan la LUC de quienes, en este aspecto la defienden. Baste decir que este referéndum somete a discusión asuntos tales como: el concepto de educación; la formación de los educandos; la libertad de cátedra; la organización y gobierno de sus instituciones; la carrera docente. Los impugnantes, defendiendo su concepción, tal como la plasmaron en la ley 18.437; sus adversarios sosteniendo la que surge de su actual reformulación por la LUC. Ambos limitados por la Constitución que en el primer inciso de su artículo 202 establece: “La enseñanza pública superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidos por uno o más Consejos Directivos Autónomos”
Esto significa que en el centro del debate se encuentra el alcance de la autonomía de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) y a partir de esta, en como deben gobernarse las instituciones educativas, con qué objetivos y cuanto pueden separarse de los designios políticos mayoritarios de nuestra democracia liberal. Para quienes procuran volver al régimen anterior, deben anularse la mayoría de los cambios y aportes de la LUC .
Desde la definición misma de Educación, un bien público fundamental, su organización básica, como sistema integrado con participación importante de la UdelaR, de los cuerpos docentes, estudiantes y funcionarios, bajo el preponderante gobierno de los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, (hoy, con menores facultades y transformados en Direcciones unipersonales). Consejos, además, cuyos titulares requerían para su nombramiento el asentimiento del cuerpo docente. El verdadero poder.
Asimismo se oponen, a lo que ahora dispone la LUC: la intervención del poder político a través del Ministerio de Cultura. Confirman, con esta negativa,una cosmovisión autonomista de naturaleza medioeval que asimila la ANEP a una Universidad.
Por su lado, para los defensores de la LUC, 12 años ininterrumpidos de esta gobernanza corporativa, ha conducido al desastre. Cifras de repetición inadmisibles, deserción en los liceos, incapacidad para interpretar textos elementales, insuficiencia en las pruebas matemáticas, inobservancias docentes, en suma, desinterés y desgano de los educandos, egoísmo burocrático en los educadores. Y especialmente una arcaica concepción de la educación que desestima el aporte democrático y rehusa un “Plan Educativo” general, de naturaleza legal. Esto se juega en el plebiscito. Con la actual educación no hay país que progrese. Cerrarse a la innovación, aislar sectores fundamentales al cambio político democrático supone propiciar, en nombre de los intereses de un sector y el anexo ideologismo dogmático, el conservadurismo y la reacción. Seguramente la LUC es imperfecta, pero supone una imprescindible renovación.