Lo que falta decir

Días atrás se produjo un poco de ruido político a partir de unas declaraciones del Presidente Orsi que lo obligaron, una vez más, a aclarar sus dichos. Al hacerse público que meses atrás él había preguntado a la Suprema Corte qué hacer con los militares presos en Domingo Arena el Presidente aclaró que no estaba preocupado y que preguntó porque no sabía qué hacer. ¿Fue esto una gaffe más del Presidente? ¿Son de recibo las protestas escandalizadas de las organizaciones de detenidos desaparecidos? Una vez más se enfoca mal lo que tiene que ver con la forma en que nuestro país está saldando cuentas con su pasado cercano.

Hay que empezar por hablar claro: en Domingo Arena están presos militares que cometieron delitos gravísimos, están presos otros que no se sabe bien, y están presos algunos que no cometieron nada. Hablo de lo que sé, de tres casos que conozco y que denuncié bajo firma en la prensa donde escribo.

El caso del Gral. Dalmao, condenado sin pruebas fehacientes, por testimonios de oído; ya no hay enmienda posible: Dalmao murió en prisión. El segundo caso es el del soldado Leonardo Vidal, condenado en el año 2021 porque en el año 1972 (¡49 años atrás!) dio muerte al tupamaro preso Nelson Berreta cumpliendo todos los protocolos establecidos para encarar una fuga de presos. El tercer caso es el del Coronel Juan Carlos Gómez, que revistaba en el cuartel de Paso de los Toros, a quien se le imputó el asesinato del tupamaro Gomensoro en ese cuartel, cuyo cadáver había sido encontrado allí cerca, en el lago del Rincón del Bonete. ¿Pruebas? ¿Testigos? El Coronel Juan Carlos Gómez tuvo que ser liberado (tres años y pico después) cuando Gavazzo confesó que el asesinato había ocurrido en el cuartel de La Paloma, en el Cerro, y que había sido él quien había transportado el cuerpo de Gomensoro hasta allá y lo había tirado en el lago.

El Uruguay, sus dirigentes, su pueblo, optó encarar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los cuarteles mediante la justicia. Es un camino perfectamente razonable. No era el único. Otros países y otras dirigencias eligieron otros caminos. Sudáfrica, liderada por Nelson Mandela (27 años preso) eligió el perdón. Chile eligió (o pudo darse) una salida con Pinochet sentado en el Senado.

Pero aquellos a cuyas manos el Uruguay confió la ejecución de ese camino elegido interpretaron que su misión era impartir una justicia ejemplarizante, escarmentadora; no entendieron que la justicia debe ser, ante todo y sobretodo, justa. Siguiendo la línea de pensamiento del Dr. Perciballe, los jueces actuantes han funcionado y sentenciado como lo hacían otrora los de la justicia militar: creyendo -en ambos casos- que la naturaleza de las circunstancias demandaba un castigo severo más que un juicio justo.

Yo creo -y esto corre por mi cuenta y seguramente será refutado- que lo que despertó la preocupación de Orsi no fue el estado de salud de los presos en D. Arena. Si hubiese sido eso se habría dirigido a Sanidad Militar. Orsi fue al Presidente de la Suprema Corte a preguntar qué se podría hacer porque él -confesó- no lo sabía. Y el Presidente de la Suprema Corte le contestó que él no podía hacer nada: era obvio que no hablaban del estado de salud de los presos. Como advertirá el lector hay todavía unas cuantas cosas del pasado reciente que el Uruguay falta decirse a sí mismo.