Lo que escuché en Bruselas

Tras la conclusión de las negociaciones en diciembre de 2024 y la posterior firma en enero de 2026, el acuerdo UE-Mercosur ingresó en una etapa que, en apariencia, es más burocrática que política. Sin embargo, es precisamente en esta fase donde se juega su viabilidad estratégica. La discusión ya no gira sobre el contenido técnico del tratado, sino sobre el momento y la forma de su implementación.

En las últimas semanas estuve en Bruselas y Estrasburgo invitado por la Unión Europea para participar en paneles y reuniones con eurodiputados, exnegociadores y funcionarios de la Comisión. El clima que se percibe es de cautela. Algunos interlocutores utilizan una expresión que sintetiza con claridad el momento político que atraviesa el tratado: lo llaman el “acuerdo fuego”. No porque presente fallas jurídicas ni porque su impacto económico proyectado sea disruptivo, sino porque su sola mención activa reacciones políticas inmediatas. Es un acuerdo que “quema” en el debate público si no está acompañado de un sólido blindaje político.

Esta sensibilidad no puede explicarse únicamente por el contenido del tratado ni por la relación con el Mercosur. Debe entenderse en el marco de una verdadera “tormenta perfecta” europea, donde confluyeron varias dinámicas al mismo tiempo. La discusión del presupuesto plurianual reavivó tensiones en torno a la Política Agrícola Común. En ese contexto, el acuerdo terminó funcionando como un “punching ball” político, aun cuando el volumen de comercio agropecuario proyectado no altera estructuralmente el mercado europeo.

A esto se suma el avance de fuerzas políticas escépticas respecto al comercio internacional y una creciente sensibilidad social frente a la apertura externa. El Mercosur no es necesariamente el problema; es el vehículo a través del cual se expresan tensiones internas mucho más amplias sobre regulación, soberanía y globalización.

Hace pocas semanas el Parlamento Europeo decidió solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia sobre determinados aspectos del acuerdo. Este procedimiento puede demorar un año o más. Nadie en Europa quiere presionar los tiempos de su Tribunal. Sin embargo, es importante subrayar algo central: esa consulta no bloquea jurídicamente la aplicación provisional.

La arquitectura institucional de la Unión Europea habilita esa posibilidad. El propio Consejo, al autorizar la firma, dejó prevista la alternativa de aplicar provisionalmente tanto el componente comercial como las partes correspondientes del acuerdo político y de cooperación. La Comisión Europea está legalmente habilitada para avanzar en esa dirección si se cumplen las condiciones previstas.

Entonces, ¿por qué persisten las dudas? Porque el debate ya no es técnico, sino político. En los pasillos del Parlamento aún se calculan los costos institucionales de dar ese paso. Algunos eurodiputados podrían interpretar la aplicación provisional mientras el Tribunal analiza como una reducción de su margen de influencia. El equilibrio institucional europeo es delicado, y cualquier percepción de desplazamiento puede reactivar resistencias cuando el acuerdo regrese para su ratificación definitiva.

Pero también se escucha un argumento pragmático que se basa en que si el acuerdo funciona provisionalmente durante varios meses sin efectos adversos visibles -particularmente en agricultura- buena parte de la tensión podría diluirse. La aplicación provisional no sería un atajo irregular, sino una etapa de validación práctica en un debate hoy dominado por percepciones más que por datos.

¿Qué significa esto para el Mercosur? Primero, comprender que el acuerdo no enfrenta hoy un obstáculo jurídico estructural en Europa. Enfrenta una sensibilidad política coyuntural. Segundo, actuar con inteligencia estratégica. Si los países del Mercosur completan sus procedimientos internos y pueden decir “hemos hecho nuestra parte”, la dinámica cambia.

Hasta ahora los parlamentos sudamericanos han optado por avanzar solo con el componente comercial. Sin embargo, el acuerdo político y de cooperación no es accesorio. Contiene los capítulos que le dan profundidad estratégica al vínculo birregional: diálogo político institucionalizado, cooperación en gobernanza, agenda climática, innovación y convergencia regulatoria. Si el ITA es la dimensión económica, el EMPA es la arquitectura política de largo plazo. Es clave que se lo envíe a los parlamentos una vez cerrado el proceso burocrático.

En un mundo cada vez más fragmentado, donde las reglas comerciales se erosionan y las potencias negocian en función de intereses coyunturales, el acuerdo con la Unión Europea representa mucho más que aranceles. Es una señal de previsibilidad y de compromiso con reglas compartidas.

La ventana está abierta. El desafío es sostener el impulso y comprender que, en este momento, la clave no es únicamente jurídica, sino que estratégica.

Y, por último -pero no menos importante- corresponde destacar el trabajo sostenido que desde hace años viene realizando nuestro embajador ante la Unión Europea, Pablo Sader, junto a su equipo. Fueron una pieza clave tanto para llegar a la conclusión que alcanzamos en 2024, como todos los pasos que lo siguieron para que este acuerdo, después de 25 años de negociación, este cada vez más cerca de ver la luz.