Lo más digno sería matar esta ley

Percibo cierto apuro en el oficialismo por votar la ley de eutanasia, bajo su eufemísitica denominación de “muerte digna”. Sus impulsores han declarado que desean aprobarla en el Senado antes del 15 de octubre, lo que significa mecharla en medio de la ruidosa discusión por la ley de presupuesto. Y el tema es grave porque, en forma creciente, distintos actores de la sociedad civil se están pronunciando contra el proyecto: algunos lo rechazan de plano y otros, aún aceptando legalizar la eutanasia, reconocen que la ley es pésima y da lugar a todo tipo de irregularidades.

Siempre me interesa leer los comentarios de los lectores a mis columnas, a veces polemizo con ellos o les doy la razón, si me señalan errores. Cuando escribo contra medidas del gobierno, suelo recibir aplauso, medalla y beso. Pero cuando lo hacía contra la eutanasia, un proyecto de ley respaldado unánimenente por el Frente Amplio, me daban como adentro de un gorro. Sin embargo, por lo que veo de las repercusiones de la carta abierta respecto al tema que se difundió esta semana, así como también de las claras y contundentes declaraciones del penalista Jorge Barrera, la opinión general está cambiando, a mi juicio para bien.

A medida que se acerca la sanción de esta penosa ley, la gente empieza a entender sus inconsistencias y preocuparse.

Habría que empezar por preguntar a sus impulsores por qué excluyeron del articulado la disposición de garantizar cuidados paliativos antes de proceder a la eutanasia. El proyecto se limita a decir que “se informará” al paciente de los cuidados “disponibles”. O sea que quien caiga en un centro de salud de alto nivel y los pueda pagar, morirá con alivio, de forma natural. Pero para quien carezca de recursos, la inyección letal será la única salida. ¿A esto llaman algunos “progresismo”?

Segundo: ¿por qué la bancada oficialista se ha empeñado en impedir la asistencia de un psiquiatra y un trabajador social al paciente que reclama la muerte?

El primero evaluaría adecuadamente si tal deseo proviene de una depresión que pueda ser tratada y superada, en lugar de resolverla con la autoeliminación. El segundo analizaría la situación económica y social de esa persona, valorando si su decisión no nace del desamparo más que del impreciso “sufrimiento insoportable”.

Tercero: ¿por qué, como explica el experto en bioética Miguel Pastorino, los impulsores de la ley “no han tomado en cuenta ninguna de las advertencias de especialistas que desde 2022 han sugerido cambios en los artículos del proyecto (Colegio Médico, Academia Nacional de Medicina, Cátedras de Derecho Penal, Paliativistas, Psiquiatras, Bioeticistas, etc.)”?

Seguramente en las antípodas ideológicas de Pastorino, Hoenir Sarthou también ha encendido luces amarillas. En un programa radial se manifestó de manera cruda pero totalmente compartible: “Incluso para quienes no nos oponemos a la eutanasia por razones filosóficas y religiosas, esto es un disparate peligrosísimo. Fíjense que no interviene juez y no interviene la familia. No tienen la obligación de notificarle a la familia que la persona tomó la decisión de matarse. Son dos médicos de la propia institución que declaran que estás en las condiciones y que es tu voluntad que te maten, y con eso quedan habilitados. Después que te moriste le tienen que informar al MSP. ¡Después! Económicamente hay un conflicto de intereses clarísimo. A la empresa le sirve que vos te mueras y no que tengan que tenerte en el CTI un mes o dos, o someterte a operaciones costosas. No hay ninguna figura neutral que compruebe si la persona realmente está en sus cabales y en condición de expresar su voluntad, si lo está haciendo libre de presiones. No estoy diciendo que esto tenga que ser necesariamente así. Estoy diciendo que puede ser así. Los centros médicos están dirigidos por administradores. La cabeza que dirige esas instituciones no es médica, es comercial y financiera. Entonces las políticas que se aplican están pensadas con criterios económicos. En definitiva le estás dando poder de decisión sobre tu vida a instituciones para las que sos costoso”.

¿A esto llaman algunos “respeto a la libertad del individuo”?

Lo dicen los expertos: el “sufrimiento insoportable” cualquiera sea, se mitiga con sedación paliativa. A la persona que sufre se la saca de ambiente, hasta que la muerte le llega naturalmente y no de manera inducida.

Si igual quieren esta ley para sentirse tan progres como los holandeses y canadienses, por lo menos háganla más garantista, incorporando todo lo que se negaron a agregarle y principalmente que la eutanasia se aplique únicamente cuando el sufrimiento sea refractario a la sedación paliativa.

Admito que hoy conmueve más hablar de la terrible situación de inseguridad pública y de la platita que se llevará cada organismo del presupuesto nacional. Pero de todos los temas, este de empujar al suicida con aval del Estado es el más grave. No es tarde para desandarlo o, por lo menos, mejorarlo un poco.