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Línea divisoria

Cada tanto resurge el cuestionamiento a los centros educativos públicos de gestión privada, y la inauguración de la escuela Impulso en Casavalle no fue la excepción.

Pensé que el rechazo de la izquierda al mecenazgo a través de exoneraciones impositivas se había atenuado en vista de que, durante su ciclo de gobierno, no solamente se aplicó sino que amplió su alcance: mientras en el primer período de Vázquez, las “donaciones especiales” descontables de tributos, limitaban sus potenciales destinatarios educativos a las universidades, la ley de presupuesto del período de Mujica las hizo extensivas a instituciones privadas de primaria y secundaria.

En estos días, mi excompañero del Elbio, José Pablo Franzini Batlle, ha insistido con una de las críticas que más se reitera contra la ley de mecenazgo. Según él, al tratarse de una renuncia fiscal, la donación no la haría el particular sino el propio Estado. El argumento sería válido si no existiera la ley que habilita ese mecanismo, pero esta existe y efectivamente otorga potestad al contribuyente de descontar parte de sus impuestos eligiendo determinadas instituciones de bien público. No es el Estado el que las financia, porque los recursos que destinan las empresas no le pertenecen. Y la ley de mecenazgo está muy lejos de ser una artimaña inventada para desviar impuestos: es un recurso que se aplica en un gran número de países para hacer partícipes a los empresarios de las vulnerabilidades sociales.

También es errado el prejuicio de que la escuela y el liceo Impulso seleccionan a sus estudiantes. Se ha dicho hasta el cansancio -y está explícito en la página web de esa institución- que la única exigencia es que el postulante se presente con un adulto responsable: “no es necesario traer carné de notas ni ninguna otra información, dado que no se realiza ningún proceso de selección, más allá del aleatorio ante Escribano Público”. La recurrente maledicencia de que el Impulso obtiene resultados educativos óptimos en virtud de que selecciona a los estudiantes es falsa: ingresan estrictamente por sorteo.

Me preocupa que un analista político tan influyente como Daniel Chasquetti haya dado por buenas esas críticas, mientras un verdadero experto como Pablo Cayota reclama que se vean los excelentes resultados educativos del Impulso, antes de denostarlo.

Cuando uno analiza los cuestionamientos, comprueba claramente la línea divisoria que separa culturalmente a los uruguayos. Porque en el fondo, los detractores de experiencias como la del Impulso son quienes desconfían de la iniciativa privada como promotora de bien público. No creen en la responsabilidad social empresarial; suponen que lo único que interesa a un empresario es ganar dinero y que en lugar de hacerlo brindando un servicio, lo obtiene quitándoselo a otros. Por el contrario, es al burócrata a quien atribuyen la capacidad de administrar mejor los dineros que esos empre- sarios generan con sus actividades.

Siguen participando del paradigma colectivista, del prejuicio obsoleto de la lucha de clases, que nada tiene que ver con la búsqueda de la equidad en el mundo actual.

No se honra a José Pedro Varela ni a Don Pepe Batlle desconfiando de las iniciativas de la sociedad civil organizada y privilegiando corporativismos burocráticos. Mala cosa es confundir convicción socialdemócrata con prejuicios de marxismo trasnochado.

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Álvaro Ahunchain

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