Línea argumental

JUAN MARTÍN POSADAS

A los agropecuarios les han encajado un impuesto. No se sabe todavía ni cómo ni cuánto, pero todo indica que no se van a escapar. Los afectados han protestado pero no han protestado bien. Su reclamo ha sido fundado pero no es inteligente. Han utilizado argumentos que son ciertos pero no son apropiados. Han demostrado que el negocio agropecuario no tiene -tomado así al barrer- los ubérrimos beneficios que se le imputan. Han protestado porque, como ha reconocido Astori, gravar la tierra no frena su concentración sino que la favorece. Han reclamado porque fueron engañados miserablemente en el Conrad. Todos estos argumentos son sólidos y veraces pero es la línea argumental la que resulta inadecuada. Aunque parezca contradictorio, en el país de las estancias la queja del estanciero es siempre sospechosa.

La línea argumental que las gremiales rurales deberían emprender y no bajarse más de ella ha de estar relacionada no con la extracción (el impuesto) sino con aquello que es la justificación del mismo: la aplicación. ¿Para qué quiere el gobierno el dinero de ese impuesto? ¿En qué lo va a aplicar?

Ahí es donde las gremiales agropecuarias pueden hacer talón y van a obtener respaldo de gran parte de la ciudadanía. Porque este gobierno no podía ni haber abierto la boca pidiendo 60 millones para arreglar caminos y carreteras cuando sólo en el año 2010, su primer año de ejercicio, metió 10.685 empleados públicos más. Ese dato surge de la edición del martes de El País. La senadora Topolansky va a decir que se trata de infundios de la prensa opositora (que es malvada y artera). En realidad se trata de un avance del informe sobre "vínculos laborales con el Estado 2010", y está elaborado no por la CIA sino por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

Este gobierno, que ha sido incapaz de hacer nada con el ferrocarril, que echó para atrás la licitación para la segunda terminal de contenedores del puerto (más congestionado aún que las carreteras) no puede reclamarle nada a nadie de que tantos miles de camiones no podrán llevar las miles de toneladas que hay que transportar y exportar. El país tiene un serio problema logístico cuya principal causa es la incapacidad administrativa y ejecutiva de este gobierno para realizar ninguna obra pública que lo remedie.

El déficit de obra pública, acumulado entre el gobierno de Vázquez y el actual, es enorme y no es por falta de plata sino porque los fondos presupuestales se han destinado a otros fines. Se pasó de 231.270 empleados públicos al final del mandato de Jorge Batlle a 258.842 en 2010. Se inventaron cargos insólitos: coordinadores departamentales (¿alguien sabe qué hacen? ¿quiénes son los designados?) Se crearon alcaldías (mismas preguntas) de forma inconstitucional.

Lo que se llegue a recaudar por el amenazado impuesto a la tierra se irá por el caño, sin arreglar un solo camino, succionado por COFE, Adeom y asociados. El Frente Amplio lleva adelante un gobierno clientelar, y a su clientela le cumple. Esta es la línea de argumentación y eso es lo que tienen que decir los agropecuarios (y los diputados que quieran ayudar). Esto se oye, lo otro no.