Límites

Pablo Da Silveira

Es común escuchar que la participación mejora la calidad de la democracia, pero no es fácil probarlo. Ninguna de las democracias más sólidas del mundo (digamos, la inglesa o las escandinavas) suele alejarse demasiado del modelo representativo. En cambio, las democracias que ponen un fuerte énfasis en la participación (como la nicaragüense o la venezolana) suelen contarse entre las más imperfectas del planeta.

También es frecuente escuchar que la participación es una escuela de buena ciudadanía, pero tampoco es sencillo fundamentarlo. Si uno quiere ambientes en los que se cultive la apertura mental, el trato respetuoso, la tolerancia y la responsabilidad sobre los costos de lo que uno decide, una asamblea de Adeom o de COFE no es el mejor lugar para empezar a buscar.

Tampoco es fácil sostener, como suele hacerse, que la participación sea un método eficaz para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Desde la condena de Jesús de Nazaret hasta las aclamaciones al general Galtieri tras el desembarco en Malvinas, pasando por el terror jacobino en Francia y el ascenso de Mussolini en Italia, las masas movilizadas han prestado su apoyo a toda clase de desastres.

Y ni siquiera es fácil sostener que la participación sea un buen método para dar poder a los ciudadanos. El respeto de las libertades combinado con el fortalecimiento de la capacidad de tomar decisiones privadas (entre las que se incluye la decisión de involucrarse o no en ámbitos participativos) es un procedimiento más eficaz.

¿Qué puede concluirse de estas observaciones? No, ciertamente, que un gobierno no pueda multiplicar las oportunidades de participación que están al alcance de la ciudadana. Si considera que ese es un objetivo deseable, perfectamente puede buscarlo. Pero lo importante es que no pierda de vista dos límites.

En primer lugar, ningún gobierno debe condicionar el ejercicio de los derechos políticos al involucramiento en ámbitos participativos. La igualdad política es un principio esencial. No es aceptable generar una ciudadanía "de primera" compuesta por aquellos que prefieren participar, y una ciudadanía "de segunda" que lleva la carga impositiva y sufre las consecuencias de las decisiones públicas, pero apenas influye porque prefiere ocupar su tiempo en otras actividades. La oligarquía de los militantes es tan inaceptable como cualquier otra.

En segundo lugar, no hay que imponer "peajes participativos" al ejercicio de los derechos civiles. Si nos tomamos en serio esos derechos, debemos esforzarnos por lograr que todos puedan ejercerlos en pie de igualdad. Por ejemplo, si la Constitución asegura a todos los ciudadanos el derecho a elegir las instituciones y maestros que prefieran para sus hijos, no es justo que quienes tienen dinero puedan hacerlo por los métodos que prefieran (sean o no participativos), mientras los más pobres quedan obligados a convencer a los demás padres, a los docentes y a los alumnos para poder generar opciones que se aproximen a sus propias preferencias.

Tener la oportunidad de participar es una buena cosa. Estar obligado a hacerlo es un atentado contra la libertad.