Libertad versus respeto

Viejo tema. Viejo dilema.

Por un lado, la libertad de expresión es una base fundamental para la protección de varios derechos, humanos y sociales y en función de eso, también es uno de los pilares de la Democracia. Si no hay libertad de expresión, difícilmente exista la libertad política.

Pero, como todo derecho, tiene límites y también el riesgo de ser usado causando daños a terceros. Los primeros aparecen cuando entran en juego otros valores que, en ciertas circunstancias, deben primar sobre la libertad de expresión, (p ej. cuando se pueda anular medidas de seguridad o de efectividad procesal). Lo segundo, ocurre cuando se manipulan o se distorsionan los contenidos emitidos al amparo de la libertad de expresión. Las medias verdades, las famosas y tan contemporáneas “fake news”, por ejemplo.

Este último es el campo que hoy ofrece los mayores problemas: ha explotado con la difusión de las llamadas “redes sociales”. Sus desbordes generan reclamos, crecientes, de regulación y contralor.

Lo cual es muy difícil. Cómo encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto. Respeto por la verdad y también respeto por la privacidad.

Existen algunas medidas básicas, pensadas para la época de los medios clásicos, que dan algunos parámetros, aunque nunca los suficientes para evitar frecuentes reclamos, de uno y otro lado: la exigencia de un redactor responsable y la tipificación de ciertos delitos, son las medidas más típicas.

Pero, con las redes, la cosa se ha complicado más: por el aumento explosivo de información (lato sensu), por la falta de autores responsables, por la carga emotiva de los mensajes y por su brevedad - propensa a la liviandad - entre otras cosas. Y no hablemos de la Inteligencia Artificial.

Esto está dando lugar a la proliferación de daños, a personas y a instituciones, por la vía de ataques, por entreverar noticia con opinión y por la fabricación (“industrial”) de fake news.

Ante lo cual, varios gobiernos han reaccionado y algunos, sobre reaccionado.

Muy cerca nuestro, el caso de Brasil, con el cierre por mandato judicial de la plataforma X, que parece exagerado (aunque no totalmente infundado) y la prohibición de acceso a cierta información decretada por el gobierno libertario (¿sí?) de Javier Milei.

Pero no son los únicos casos. Francia la ha emprendido contra la app rusa Telegram, los EEUU con la china Tik Tok, la UE está investigando a X por suministrar supuesta desinformación, el Reino Unido ha tenido casos de procesamientos por publicaciones “groseramente ofensivas”, India y los Emiratos están elaborando legislación restrictiva, Malasia exige autorización previa para postear sobre religión… etc. Nada de eso parece ser equilibradamente útil.

Pero algo hay que hacer. Que sea concreto, efectivo y lo más equilibrado posible. Sabiendo que nunca habrá un equilibrio perfecto (con lo cual, es preferible inclinarse más para el lado de la libertad de expresión).

Como principios generales, hay dos bastante obvios: preferir las acciones posteriores a la censura o contralor previo, y la regulación legal a la administrativa.

Cómo no es del todo honesto plantear sin animarse a patear al arco, aquí van algunas sugerencias:

- Obligar a las apps y plataformas a tener un redactor responsable. Admitidamente es un problema para los Musks y Zuckerbergs, pero creo que - aunque discutible - no debe aceptarse el argumento de que son simples canales neutros de todo lo que venga. Quizás se pueda matizar un poco la medida, permitiendo que exijan a los autores una garantía en caso de percibir riesgos de acciones jurídicas. De última, no es lo mismo una censura gubernamental que la negativa de un privado a publicar algo.

- En yunta con lo anterior, exigir identificación de los autores, suficiente como para poder exigirles responsabilidad si fuera el caso.

- Un procedimiento judicial ágil que dé satisfacción efectiva y en tiempo real a los reclamantes, sin desproteger al medio y al autor.

- Una legislación clara que tipifique las infracciones, definiendo los bienes jurídicos que se desea tutelar y que establezca una graduación de penas y medidas.

- Crear un mecanismo efectivo para el ejercicio, también en tiempo real y de exposición equivalente al presunto agravio, como primer escalón reparatorio, antes de entrar en medidas de corte judicial.

- Tomar en cuenta el historial de faltas del autor o medio en la graduación de las penas: no es lo mismo que a uno se le haya ido la mano una vez, que la práctica de calumniadores seriales, como todos conocemos.

No creo haber agotado la imaginación que merece el asunto, pero espero que sirva para despertar la iniciativa del gobierno o de algún legislador.