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Alarmas en el Derecho

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LEONARDO GUZMÁN
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En su calidad de presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, el Dr. Juan Fagúndez habló de cosas que interesan más allá de su especialización.

Dejando de lado el punto de vista político, reclamó “que las personas no sean sometidas a un proceso desigual e injusto, que tiene que cambiar de una vez por todas”.

Señaló que “a nivel de política criminal se ha generado una situación donde parecería que en el Poder Judicial se toman resoluciones sin fundamento académico científico, simplemente por una cuestión de política social” y acotó que “las políticas sociales no tienen que influir en lo que la Constitución indica respecto de los derechos de las personas, valoradas igual y equitativamente”.

Afirmó que “hay una crisis absoluta del ejercicio de los derechos tal cual manda la Constitución y los diferentes códigos respecto a lo que hacen algunos operadores en materia de Familia Especializada, en la materia penal y en el circuito que se da entre Familia Especializada y justicia penal”. Y señaló que “hace falta una discusión política profunda, que no esté relacionada con votos o con futuras reelecciones, sino que tiene que ver con la Constitución, la República y la decencia en la aplicación del Derecho”.

Estos conceptos, y otros que el Dr. Fagúndez vertió en Montevideo Portal, no pueden ni deben pasar inadvertidos. Menciona algunas de las numerosas fallas que tiene el sistema procesal penal en que hemos venido a parar a las que podemos sumar enormidades tales como que las denuncias, incluso de hechos flagrantes, duermen meses en la Fiscalía General de la Nación, esperando que se designe el fiscal que haya de atenderlas; o que la carpeta de la indagatoria no ofrece la formalidad ni las garantías de un expediente; o que se negocia la pena y a veces también la imputación; o que el Fiscal no tiene plazo para deducir acusación… ¿A qué seguir?

Con la experiencia hecha, no bastará corregir el proceso penal. Hay que reformularlo entero. Desde las bases y los principios, retomando el garantismo judicial uruguayo en vez de insistir en importar el tecnicismo-espectáculo generado desde tradiciones mucho más atrasadas que las que nos hicieron descollar hace no tanto tiempo.

Eso sí: la pérdida del estro normativo no afecta sólo al Derecho Penal y a esa caricatura que es Familia Especializada.

Agrieta las bases mismas del Derecho y, antes aun, destroza los fundamentos de la moral, la ética y la buena fe. Cada especialidad se duele por los fallos que encuentra absurdos en relación con su materia. Pero el conjunto de los desajustes no finca en las peculiaridades de la respectiva especialidad sino en el debilitamiento del rigor lógico en que nos hundió la pobreza cultural común en matemáticas, gramática y filosofía, junto al desdén por la cultura general.

Eso llega a todas las ramas del Derecho. Y no solo en la Justicia, ni solo entre los profesionales, sino en todas las actividades donde el servicio al prójimo debe efectuarse desde imperativos incondicionados y con el alma concentrada para salvar la vida, la salud, la honra, el patrimonio o la libertad.

Esta clase de caídas se da cada vez que una nación se distrae de lo esencial: el semejante, el espíritu.

Y comienza a revertirse cuando convertimos el ronquido de las alarmas que nos suenan por dentro, en los conceptos altos y las palabras fuertes que necesitan el Derecho, la República y la persona.

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