La violencia y la palabra

La conversación esta semana en Uruguay estuvo marcada por dos hechos de violencia. Primero, la agresión contra el presidente del Codicen, Robert Silva, cuando intentaba explicar a un grupo de gente en el Cerro, la reforma educativa en marcha.

El segundo, el intento de asesinato contra Cristina Kirchner en Argentina. Ambos episodios pusieron sobre la mesa los límites del debate público, el odio, y la violencia física.

Como cada vez que ocurre un episodio así, la primera reacción de todo el espectro político es el rechazo y la condena. Pero apenas se entibian los ánimos, empiezan a aparecer las justificaciones, los “peros” y, sobre todo, una apelación muy en boga que busca atribuir a las opiniones discordantes, el origen del problema.

Dejemos a los hermanos argentinos con sus dilemas y desmesuras. A fin de cuentas, el mismo Juan Perón (perdón, viejo) llegó a decir que “al amigo todo, al enemigo, ni justicia”. Pero hay una frase de un diputado del MPP, Martín Pitetta (nada de chistes, por favor) que ilustra bien el asunto.

“No apruebo hechos vandálicos, pero recordar que mentir y recortar presupuestos también es violencia, dejar sin trabajo también es violencia, súper poblar aulas y sacar carreras también es violencia…”. Esto nos hizo acordar a cuando hace años le hicimos una nota a Fernando Pereira, quien ante la pregunta de si las ocupaciones no implicaban una amenaza de violencia (si no, cómo evitás que los no huelguistas ingresen al lugar), la respuesta fue que la pobreza y el desempleo eran actos violentos que lo justificarían.

Y la verdad es que no. Violencia es que te pongan un revólver en la cara, que una turba con palos no te deje expresar, que agarren a patadas el auto en que te vas, que un descerebrado rompa con un termo la ventana de un auto estatal. Cuya reparación vamos a pagar usted y yo, amigo contribuyente.

Sí, hay injusticias, hay crueldad, hay situaciones que indignan... pero eso no es violencia. La palabra, a menos que sea una incitación directa a agredir, no puede ser considerada violencia. Es más, no debe ser jamás ilegal, por más absurda y contraria a nuestros valores que pueda resultar. Porque implica frenar el debate de ideas en una sociedad.

Y, lamentablemente, eso es lo que está pasando hoy en occidente, con un desarrollo de lo que se ha dado en llamar “delitos de odio”, que lo que hace es castigar penalmente las ideas que no comulgan con el estándar aceptado. Empezó con algo que parece razonable, como el censurar a quien negaba algo tan cruento e innegable como el holocausto del pueblo judío. Pero ahora ya se ha llevado a límites, donde se plantea que cuestionar algún disparate de un activista ambiental, o de género también puede llegar a ser delito.

Mire, hay un video en Youtube muy interesante sobre esto. Es un debate entre una docente de ciencias sociales de una universidad de EE.UU. y un polemista (en general bastante repelente) llamado Michael Knowles. Knowles argumenta que según estadísticas oficiales, los inmigrantes en EE.UU. cometen delitos a una tasa significativamente más alta que los nacidos en ese país. Ante esto, la docente lo acusa de tener un discurso opresivo, que contribuye al racismo, y que las palabras pueden ser violencia. Es más, afirma que la audiencia del debate se había sentido violentada, simplemente por escuchar esa postura. La respuesta fue contundente: “la violencia no es un sentimiento subjetivo, es un hecho objetivo”.

Y es tal cual. La violencia es clara, dura, contundente como un palo en la cabeza, viscosa como la sangre chorreando por la cara, destructora como un pedazo de plomo perforando huesos y neuronas. Lo demás, es otra cosa.

Recortar presupuesto, sacar carreras, son decisiones políticas, que cuando las toma un gobierno democrático, son un acto legítimo y válido. La pobreza y la desigualdad, son cosas indignantes, que instan a tomar acciones. Pero en una sociedad libre, no justifican la violencia, ni silenciar con la ley a quien piensa diferente.

Lo cual, y esto es muy importante, no significa que no haya responsabilidades políticas. Cuando uno ve al senador (!) Sabini justificar los episodios del Cerro en que el lugar del acto era muy chico, o al director del Ineed por el Frente Amplio, Pablo Caggiani, decir que el lugar fue una mala elección porque allí se habría reprimido a estudiantes en “los 90”, lo que están haciendo es intentar rebajar la responsabilidad de los violentos. ¿Tienen derecho a decir esas cosas? ¡Claro! Y el resto de la gente pensante de este país tiene derecho a pensar que son actitudes miserables y antirrepublicanas. Y que en una sociedad preocupada por su calidad democrática, deberían pagar un alto costo político por sostenerlas.

Pero si alguien quisiera callarlos con la ley, o usando a una turba mononeuronal, desde aquí se defendería su derecho a expresarse con el mismo fervor que si fueran demócratas respetables.