Un par de domingos atrás me ocupé de la verdad como uno de los dos compromisos para la restauración democrática, de la cual estamos festejando 40 años. Mencioné que, no obstante las buenas intenciones, a la verdad tanto se le habían hecho injertos de leyendas (fantasía de los tupas levantándose contra una dictadura militar) como podas (lo que Topolanski dice que sabe y no divulga).

El otro compromiso es con la justicia. Era evidente que lo que había pasado a partir del 27 de junio del 1973 tenía que tener un pasaje frente a un juez. La violación del orden institucional lo juzgó la opinión pública y lo ha condenado sin ambages. En cambio los abusos en los cuarteles recién pasados varios años comenzaron a ser presentados a los juzgados; a raíz de ello hay unos cuantos militares condenados y presos.

Los jueces y fiscales, en general, han interpretado que su deber y que la demanda popular por restablecer los valores democráticos establecen o respaldan una exigencia de castigo y castigo severo, en la medida en que los delitos de que se trata habían sido tremendos. Y confundieron castigo con justicia.

Un día -40 años atrás- un uruguayo fue conducido al cuartel de Colonia y resultó muerto: lo mataron. En aquel momento el comandante de la Unidad y todos los oficiales estaban ausentes, menos el alférez Dalmao, recién salido de la Escuela Militar. No hubo testigos, solo alguien que oyó que otro comentaba que… Y 40 años después el ya general Dalmao fue juzgado por eso, condenado y murió en prisión.

40 años atrás fue encontrado el cuerpo del detenido Gomensoro sumergido en las aguas del Rincón del Bonete. 40 años después una jueza juzgó y condenó al oficial Juan Carlos Gómez que entonces servía en el Cuartel de Paso de los Toros por la muerte de Gomensoro. No sé con qué pruebas o testimonios. Lo que todos sabemos es que, a los cuatro años de estar preso Juan Carlos Gómez, Gavazzo, ante un Tribunal de Honor, declaró: “Eso no sucedió en el cuartel de Paso de los Toros sino en Montevideo y fui yo y trasladé hasta allá el cuerpo de Gomensoro y lo tiré al lago”. Tuvieron que soltar a J. C. Gómez, pero se comió tres años y pico preso.

Un soldado es acusado en el año 2021 de haber matado en 1973 (65 años antes) al tupamaro Nelson Bereta cuando este intentó escapar de su custodio. Ese soldado fue condenado y está preso. Él cumplió estrictamente con el protocolo, el mismo que hoy están obligados a cumplir los centinelas de todos los cuarteles. Cuando tuvo lugar el juicio el ministro de Defensa era el senador Javier García, quien manifestó asombro por el fallo. El fiscal Percibale, escandalizado, le reprochó que se preocupase más por los victimarios que por las víctimas. El error conceptual de Percibale y otros colegas es que no se trata de ocuparse ni de víctimas ni de victimarios sino de la justicia, de impartir justicia.

Lo que hubiera demandado el necesario restablecimiento del orden moral y jurídico después del período de facto no eran castigos ejemplares sino justicia ejemplar. Castigos ejemplares fue la política del régimen militar.

Los juicios con sentencia firme supongo que ya no se podrán tocar pero lo que sí se puede modificar es el enfoque hacia nuestro pasado. Y detener las acusaciones y procesos con tan escuálido sustento, cuando, después de tantos años, las pruebas no existen: los testigos están muertos, las memorias desvanecidas, los documentos extraviados o inaccesibles…