La República del Paraguay agredida

HEBERT GATTO

Para Argentina, Brasil y Uruguay lo ocurrido en Paraguay, constituyó un golpe de Estado técnico, donde pese al cumplimiento de las formas se desconoció el orden jurídico. Como consecuencia, lo suspendieron en el Mercosur y perfeccionando el atropello, incluyeron a Venezuela. Algo similar ocurrió con la Unasur.

Nadie duda que la historia de la democracia paraguaya está lejos de la perfección. Difícil que fuera de otra manera, si reparamos que en 1865 sus actuales censores le declararon la guerra y lo llevaron del país más avanzado del continente, a un estado cercano a su desaparición (de aproximadamente 1.500.000 habitantes sólo sobrevivieron alrededor de 200.000 personas). A partir de tamaña tragedia, inédita en el mundo en términos poblacionales, nada fue venturoso para esta malhadada nación, que debió soportar, incluyendo la dictadura de Stroessner, toda clase de desgracias.

A partir de allí, no sin vicisitudes y contramarchas, bajo la actual Constitución democrática de 1992, comenzó a emerger del autoritarismo. La nueva Carta, por comprensibles razones históricas, instituyó un régimen que en algún aspecto puede calificarse de semiparlamentario al otorgar al legislativo clara preeminencia sobre un ejecutivo tradicionalmente autoritario. Haciendo uso de tal preeminencia (art. 225), el legislativo acaba de destituir al Presidente, "por mal desempeño de sus funciones" mediante el voto conforme de más de dos tercios de ambas cámaras. En lo que, guste o no, constituye un acto soberano.

No piensan lo mismo sus vecinos latinoamericanos, que encabezados por Argentina y Brasil, en un injustificado atropello a la autonomía del Estado paraguayo, le reputan un quebrantamiento constitucional. Podrá objetarse que su Constitución permite censurar demasiado fácilmente al Presidente de la República o que no le da el tiempo adecuado para defenderse. Se omite considerar que la pérdida de confianza política en el Ejecutivo, es facultad típica de un régimen parlamentarista al que el consenso politológico mundial evalúa por encima del presidencialismo y que ni siquiera exige expresión de causa para su puesta en práctica.

Así lo expresa Human Rights Fundation, que rechaza la acusación considerando que lo actuado por el Parlamento paraguayo, es conforme a la Carta de la OEA, al Protocolo de Ushuaia, referido al Mercosur y al Procolo de la Unasur del 2010. Conclusión a la que arriba al entender que el fallo senaturial, de legítima naturaleza política y no penal, no se legitima por la duración del proceso sino por la convicción de quienes lo adoptan. Y así lo ratifica el propio pueblo paraguayo, que no ha levantado un dedo en defensa de Lugo, del derecho de su país o del nuevo consenso ideológico latinoamericano.

Para nuestra vergüenza el Uruguay, que acompañó esta decisión, se constituyó en coautor del más grave de los delitos internacionales: el atentado contra la independencia y soberanía de un Estado vecino. Con nuestro voto contribuimos a cercenar los derechos e intereses del Paraguay en el ámbito público internacional. Con ello desconocimos nuestra centenaria tradición de respeto al principio de "No Intervención" y el inviolable derecho a la libre determinación de los pueblos. Ya lo habíamos hecho al admitir el inconstitucional fallo de la Corte Interamericana sobre Caducidad, ahora lo reiteramos. Cada vez peor.