La prueba del 9

Por estos días ha resurgido el debate sobre la situación fiscal en nuestro país con diversos argumentos de mayor o menor acierto. El contraste de ideas en una democracia, por cierto, admite, o mejor aún, necesita, el contraste de visiones. Pero esa divergencia de opiniones tiene sentido cuando partimos del análisis de la misma realidad, validada por información compartida y reconocida por las distintas posiciones. Vale decir, el debate es sano cuando partimos de una base común compartida y no cuando se discute en base a dos realidades paralelas que no se tocan y que no se basan en un mínimo criterio de verdad verificable.

Por lo tanto, para analizar cuál es la situación fiscal con la que debe lidiar el actual gobierno, en contraste con la que recibió la administración anterior, es útil analizar alguna información objetiva para luego sacar conclusiones.

En primer lugar, el déficit fiscal observado en 2019 y en 2024 es muy similar, mientras que la deuda pública en relación al producto tuvo un salto de algo más de 10 puntos en 2020 como consecuencia de la pandemia y luego un leve descenso en los años siguientes. Mirando solo estos datos se podría argüir que la situación fiscal en 2019 era mejor, pero eso omite información muy relevante y, por lo tanto, resulta engañoso.

En segundo lugar, el riesgo país de Uruguay disminuyó sensiblemente pasando de unos 180 puntos en 2019 a aproximadamente la mitad en 2024, lo que marca una mejora relevante.

En tercer lugar, esta disminución del riesgo país mejoró la posición relativa de Uruguay en América Latina. Mientras que en 2019 no entrábamos en el podio de los países con mejor calificación, hoy tenemos la mejor del continente.

En cuarto lugar, en 2019 estábamos a punto de perder el grado inversor, con la nota mínima y una perspectiva negativa que se mantenía por dos años, vale decir, estábamos al borde de la tarjeta roja. En 2024 habíamos mejorado la calificación, salimos del mínimo escalón en todas las empresas del rubro y pasamos a una perspectiva estable.

En quinto lugar, el déficit fiscal estructural, que es más relevante que el observado en 2024 era 0,8 puntos del PIB menor que en 2019. O sea, que despejando de los ingresos y gastos extraordinarios y de la fase del ciclo económico, la situación fiscal es claramente mejor.

En sexto lugar, gracias a la mejora en la calificación y la disminución del riesgo hemos pagado por las nuevas emisiones de deuda tasas históricamente bajas, lo que implicó menores pagos por intereses en relación al producto.

En séptimo lugar, no es de recibo el argumento extraeconómico -vale decir, netamente político- de que existiría una “deuda flotante” que dejó el gobierno anterior y que debe afrontar el actual. Es un argumento que nunca se había utilizado, porque es básicamente absurdo, dado que “cuentas a pagar” en el Estado de un año a otro quedan siempre. Más aún, la llamada “deuda flotante” actual es menor en relación al producto de la misma estimable para 2019. Por tanto, la afirmación de que el déficit fiscal actual es el mayor en 35 años es lisa y llanamente falsa.

Para finalizar, este repaso vayamos a una sencilla prueba del 9. Preguntémosle a cualquier economista serio de nuestro país en qué situación fiscal hubiera preferido asumir, si en la de 2019 o en la de 2024. La respuesta es, inequívocamente, la actual.