El Uruguay siempre tuvo vocablos muy precisos para definir y condenar los abusos con el dinero del Estado.

El Uruguay siempre tuvo vocablos muy precisos para definir y condenar los abusos con el dinero del Estado.

En el Código Penal, cohecho; en la calle, coima. En el Código Penal, colusión; en la calle, apropiación o robo. En el Código Penal, conjunción de intereses; en la calle, implicancia -una palabra inexistente en español, que hace más de medio siglo la Real Academia nos hizo el honor de registrar como uruguayismo, y que por su sola existencia daba prueba de la alta sensibilidad con que, en la República, supimos colocar límites en la ley y en el discurrir de Estado.

Todas esas distinciones hoy se engloban en la voz “corrupción”, multiuso. Como una interjección la aprovechan los demagogos que explotan utopías: tanto los que multiplican al infinito sus promesas endiosando al Estado como los que prometen la felicidad soñando el imposible de entregarle todo al mercado.

Pese a ser antigua e hispanísima y latina, esta “corrupción” que hoy domina los títulos mundiales -a los que la región aporta nombres como Kirchner, Lula y Temer- nos llega por calco del inglés. Allí desvanece los distingos: corrupción es una palabreja genérica que instala una preocupación también genérica. Pero vamos: a pesar de que nos mete imprecisión, bienvenida sea, en la medida que sirva para sacudir la pereza cívica y para distinguir entre la ley y el delito, entre el funcionario honorable, cuidadoso del erario, y el que usa su empleo para medrar y enriquecerse a sí o a los suyos.

Bienvenida sea, si es útil para acabar con las disciplinas partidarias que paralizan comisiones investigadoras para arropar impresentables calidad Sendic. Bienvenida sea, si nos sensibiliza a todos al imperio del Derecho.

Aclaremos: ese bien es posible, pero a condición de darnos cuenta de que los actos de corrupción no se dan sólo en tales o cuales caras visibles sino en un entramado de mezquindades anónimas que generan cotos de caza de íntimos. Y sobre todo, a condición de saber que la ética política jamás podrá reducirse a un código de prohibiciones.

La moral pública de una democracia no se sostiene con sólo perseguir a los que vayan prendidos en licitaciones amañadas o paguen con plata del Estado sus compras de supermercado. Eso está en los reglamentos, las leyes orgánicas y el Código Penal, pero tales normas jamás van a bastar para garantir la ética política, que no consiste sólo en la lista de lo vedado sino en la creatividad límpida y constructiva llevada hasta más allá de lo imaginable en circunstancias imprevistas. ¡Y eso es lo que nos hace falta para salvar al país de su decadencia!

Ético-política fue la visita de Luis Batlle Berres al Ministro de Hacienda Ferrer Serra para enfrentar en 1963 la crisis del dólar. Ético-político fue Wilson Ferreira Aldunate dando gobernabilidad tras perder elecciones preso. Ético-político fue Seregni, al salir sin odios de una década de cárcel. Y ético-político fue Jorge Batlle cuando, con las arcas vacías y cundido de apremios, se plantó sobre su dignidad de gobernante y le evitó al Uruguay la quiebra -el default- a que lo empujaban de afuera y de adentro.

En el Uruguay de moral viva -Rodó, Vaz Ferreira y su pléyade de discípulos- no hacen falta más códices medievales.

Lo que se necesita es recuperar las dimensiones del alma que el voto pronuncia y de las almas que al voto respondan.