El gobierno priorizó a la primera infancia e incrementó significativamente los recursos que le destina, pero mantuvo la extrema fragmentación institucional entre ANEP, INAU y MEC.

Y le agregó al MIDES, que postula la articulación pero en los hechos aumenta la compartimentación, como ha hecho en otras áreas. La fragmentación institucional es un problema porque genera vacíos, superposiciones y desorden de las intervenciones. Por ejemplo, un maestro de educación inicial hoy tiene tres programas curriculares que lo mandatan.

Entre las metas de primera infancia, una importante es el aumento de cobertura de los niños de tres años. Al principio de este período de gobierno se discutió si en esa edad debía continuar apostándose a los CAIF o había que reemplazarlos por la ANEP. La decisión fue darle la prioridad a la ANEP, siempre que tenga capacidad. De esta manera se relegaron los CAIF, junto con el INAU y las asociaciones civiles que los llevan adelante.

La mejor opción era que la decisión la tomaran los padres, especialmente considerando la edad de los niños. Para ello se requerían instituciones articuladas, junto con la voluntad política de darle protagonismo a los padres.

En la desarticulación primó una vez más el estatismo de la ANEP, asociado al corporativismo y los afanes monopólicos del organismo. El fundamento de la decisión parece ser que lo prioritario es que la ANEP se apropie de esos recursos.

Las preferencias de los padres no se contemplan, aunque probablemente hubieran sido la mejor decisión para los niños.

La diputada Lustemberg presentó y promueve activamente un proyecto de ley en esta materia. Propone un Diseño Institucional que procura resolver el problema de la fragmentación en primera infancia, pero no lo logra. Comienza con la creación de un Gabinete para el tema que, como otros existentes, tendría escasa capacidad efectiva. Le asigna la coordinación de ese Gabinete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Pero a continuación crea una Unidad de Coordinación dedicada a primera infancia, sorprendentemente ubicada dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Estrictamente este es el cambio que introduce, porque en lo demás mantiene la estructura de organismos tal como hoy existe.

No parece que una Unidad que coordine, monitoree y evalúe sea el formato idóneo para dotar de integralidad a la política. De hecho han existido varias instancias de coordinación en primera infancia, que se han quedado a mitad de camino y muestran que resulta insuficiente para resolver el problema.

Se requiere una articulación más potente, para lograr una política cohesionada, que importa advertir, tampoco pasa por sumar un nuevo organismo. Agregar instituciones agrava el problema. La solución está en el cambio de las funciones asignadas a los existentes.

El proyecto de Lustemberg no es la respuesta adecuada , pero tiene la virtud de reconocer y poner el foco sobre el problema de la fragmentación. En primera infancia, como le pasa en general a las actuales políticas sociales, es necesario reconocer que el aumento de recursos es condición necesaria para lograr resultados, pero está lejos de ser suficiente.